El Senado de la Nación aprobó ayer con cambios por 49 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, y giró a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal e incorpora figuras penales como el arrepentido y los delitos de flagrancia y responsabilidad penal empresaria.
El proyecto fue apoyado por el interbloque Cambiemos y por el interbloque Argentina Federal, y rechazado por casi todo el Frente para la Victoria y por el interbloque Progresistas, en tanto que el peronismo puntano se abstuvo.
La principal modificación realizada por los senadores durante la sesión fue la eliminación del artículo que recibió duras críticas de parte de ONGs y de la oposición referido al establecimiento de un sistema de vigilancia remota que permitiría intervenir teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico.
La iniciativa actualiza el nuevo Código Procesal Penal sancionado durante el gobierno de la actual senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, quien sufrió una derrota en pleno recinto cuando planteó una moción para que el proyecto vuelva a comisión y perdió la votación por 44 votos contra 15.
Previamente, el senador del PJ Rodolfo Urtubey, uno de los autores de la propuesta junto a Pedro Guastavino,
enumeró en el recinto los cambios introducidos a la iniciativa y especificó en ese sentido que se eliminan dos capítulos referidos a la vigilancia electrónica.
Este punto es el que mayor controversia había generado por parte de ONGs como el CELS, por lo que Guastavino, senador del PJ por Entre Ríos, informó que se retiraba ese tramo con la promesa de debatirlo “en un futuro cercano”.
El artículo 7 del dictamen respecto a la prisión preventiva, que sustituía el artículo 17 del Código Procesal, también sufrió modificaciones. “Se vuelve a la redacción original en la acreditación del peligro real de fuga u obstaculización de investigación”, explicó.
Respecto al artículo 16, precisó, sobre las funciones del Ministerio Público Fiscal “se vuelve a establecer la intervención de la Procuración de establecer la especialización de la investigación mediante fiscalías temáticas”.
En el caso del artículo 22 vinculado a la colaboración entre fiscales federales y provinciales se quitó la palabra “encomendar” para que quede claro que se trata de una coordinación y no de una subordinación de fiscales federales a los provinciales.
El artículo 25 sobre escuchas telefónicas se refería a la penalización a quienes filtren, mencionaba sólo a empleados y excluía a jueces y fiscales de la responsabilidad, por lo que “se vuelve a poner que la responsabilidad penal es también de funcionarios y magistrados”.
El texto aprobado actualiza el código introduciendo figuras penales aprobadas en los últimos meses, como flagrancia, arrepentido y responsabilidad penal empresaria.
Cristina Kirchner deploró la propuesta aprobada en el recinto y denunció que existe “un plan sistemático para apoderarse del Poder Judicial y tener un Poder Judicial diseñados de la carta”.
“Se está construyendo un escudo judicial. Hay hechos muy puntuales”, sostuvo y enumeró la designación de dos jueces en comisión en la Corte en el inicio de mandato de Macri y “el traslado de escuchas judiciales de la Procuración General de Justicia a la Corte”.
Sin embargo, y pese a las furibundas críticas pronunciadas, la expresidenta decidió no votar y se retiró del recinto. Luego el Senado pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para debatir la ley que sanciona la filtración de escuchas judiciales para dar lugar al informe de gestión del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Nuevo régimen de subrogancias
El Senado convirtió en ley ayer un proyecto que establece un nuevo régimen de subrogancias para jueces y la designación de conjueces. La ley fija el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial y determina que los magistrados subrogantes y los conjueces deberán ser siempre elegidos por sorteo. En cuanto a los conjueces, el Consejo de la Magistratura debe hacer una lista con los secretarios de los juzgados y los abogados de la matrícula para que luego el Senado les dé el aval. También le otorga a la Magistratura la facultad de confeccionar las listas de conjueces a fin de que el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, proceda a su selección. Sobre los jueces de Primera Instancia y de Tribunales Orales, se privilegia que la vacante sea cubierta por un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos.