El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró hoy la "emergencia en materia penitenciaria" por tres años.

 

Además, creó una "comisión" especial para elaborar políticas que puedan resolver el "déficit habitacional" en las prisiones federales, "mejorar las condiciones de privación de la libertad" e implementar "medidas alternativas" al encarcelamiento, informaron fuentes de la cartera.

 

 

 

La resolución fue firmada por el ministro Germán Garavano y quedará formalizada con su publicación en el Boletín Oficial, este martes.

 

Según el último reporte del Servicio Penitenciario Federal (SPF,) a mediados de febrero la población en las cárceles de este fuero era de 13.529 internos, unos 1.400 más de la capacidad de alojamiento. Los números oficiales muestran también que la cantidad de presos subió un 30% desde 2015.

 

Las denuncias de hacinamiento llegaron a la Justicia. El 8 de marzo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decretó que a los internos se les fije un destino en un máximo de 48 horas, no pudiendo superar las 24 horas en la Unidad 28, en Tribunales, ubicada en la Lavalle al 1000.

 

Además, estableció de manera provisoria -y en base a la normativa internacional vigente- que la alcaidía tiene un cupo máximo total de 40 detenidos para pernocte. Por último fijó que en un plazo de 15 días se determine cuál es el número máximo de internos que puede alojarse en el lugar, ubicado prácticamente debajo de la Corte Suprema de Justicia.

 

En el reciente fallo, los jueces de la Sala VI de la Cámara Marcelo Lucini y Magdalena Laiño  remarcaron la "paupérrima situación" del sistema penitenciario.

 

"Lo más sincero sería hoy afirmar, tras relevar tanta falencia, que las cárceles no son aptas para la condición humana", sentenciaron.

 

 

 

Según la página web del SPF, la Unidad 28 es la principal alcaidía del organismo. Fue inaugurada en 1981, tiene capacidad para alojar 220 internos y aloja a los que deben comparecer en los tribunales penales de la ciudad, quienes esperan allí que se defina su situación penal. Es decir, si son enviados a una cárcel federal o si son liberados. También ingresan los que están detenidos en Devoto, Marcos Paz y Ezeiza, y fueron citados a declarar o participar de una rueda de reconocimiento.

 

Al ser una unidad de tránsito, nadie debería pernoctar. Sin embargo, eso no se cumple. "En nuestras últimas recorridas hemos conversado con internos que llevaban más de dos meses en la Unidad", dijo Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto Interno de la Procuración Penitenciario de la Nación, organismo que presentó distintos hábeas corpus sobre la problemática.

 

Según pudo saber Clarín, la cárcel del subsuelo de los Tribunales se divide en dos alas: una para mujeres y otra para hombres. En la primera hay seis celdas individuales y un pabellón colectivo. En el de varones, 19 celdas individuales, 3 salas dobles, dos pabellones colectivos para los que llegan de comisarías y otras tres para los que son trasladados desde Devoto, Marcos Paz y Ezeiza.

 

El 20 de febrero hubo una inspección. En las sectores con capacidad para 8 o 9 personas se contabilizaron entre 28 y 36 internos. El total fue de 169 detenidos. Y en espacios de 24 metros cuadrados se encontraron 25 personas. Había dos baños para cien personas. "Su estado era sencillamente inconcebible", aseguraron los jueces de la Sala VI de la Cámara, Marcelo Lucini y Magdalena Laiño.