A primera hora de la mañana de este jueves, el jefe de Gabinete Marcos Peña, confirmó que la ley de emergencia tarifaria aprobada durante la madrugada en el Congreso "ya está vetada".
En conversación con los periodistas acreditados en Casa Rosada, dijo que la decisión se tomó "porque como hemos argumentado desde el principio, es una ley que no respeta el mandato constitucional del parlamento, como lo han dicho ya muchos gobernadores, incluso de la oposición".
"No es facultad del Congreso fijar tarifas", señaló el funcionario a la hora de afirmar que es una "ley irresponsable" porque no fundamenta de dónde se sacará el dinero para pagar lo que se votó.
Peña: "El fundamento conceptual de lo que se votó ayer es la política tarifaria del kirchnerismo, una política de mentira y de vaciamiento del sistema energético, que nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando" pic.twitter.com/OGPZ7xmaQp
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) 31 de mayo de 2018
De acuerdo a Peña, el Gobierno había calculado el costo de la ley en más de $ 155 mil millones. De ese modo, según el funcionario, lo que votó la oposición equivale a todo el sistema universitario, a toda la obra pública que se está haciendo en el país y a dos veces la Asignación Universal por Hijo.
En ese marco, Macri y sus funcionarios ya habían hecho saber en las últimas semanas, no solamente la decisión de vetar la norma sino también, lo inconveniente que a su criterio significa la propuesta opositora para el sector energético y para el eventual acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La ley establece que las facturas del agua, la luz y el gas no podrán aumentar más que los salarios y retrotrae las tarifas a noviembre del año pasado.
Pero tiene efecto en todo el país únicamente sobre el gas, porque en el interior la luz y el agua son concesiones provinciales, a excepción de la Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires.
La suba de tarifas durante la gestión macrista es fruto de la eliminación de los millonarios subsidios del Estado a las empresas de agua, luz y gas.