El Gobierno presentó ayer oficialmente la creación de un fideicomiso para financiar las obras licitadas bajo el esquema de participación pública-privada (PPP). Es que con el escándalo de corrupción en la obra pública de los últimos años, las empresas constructoras comenzaron a encontrar dificultades a la hora de conseguir el financiamiento de corto plazo para iniciar los proyectos.
Por restricciones internas y normativas internacionales, los bancos necesitan esperar al desarrollo del caso judicial de las empresas involucradas en los escándalos de corrupción antes de acordar el otorgamiento de un préstamo. Como las obras de PPP deben comenzar a fines de octubre -y la investigación puede tomar más de un año-, el Gobierno resolvió crear el fideicomiso que sirva como vehículo de intermediación para destrabar los créditos de corto plazo que se estaban negociando.
En conferencia de prensa, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, indicó que "el Gobierno tiene la profunda convicción de separar a las empresas de las personas físicas que hicieron actos contrarios a la ley".
"El fideicomiso será creado bajo la ley de PPP, donde se va a ir captando la liquidez de los bancos, tanto nacionales como internacionales, para luego direccionarlos de forma equitativa a los consorcios", dijo José Luis Morea, secretario de Proyectos de Participación Público Privada.
El fideicomiso permitirá un préstamo equivalente al flujo necesario para las obras del primer año de US$1.200 millones. Dicho instrumento será administrado por la cartera de Transporte, y el Banco Nación (BNA) aportará un capital de 200 millones de dólares para las empresas que tienen la concesión de los seis corredores viales ya licitados y otros 30.000 millones de pesos para descuento de los certificados de obra, según precisó el presidente del BNA, Javier González Fraga.
"Es muy importante el aporte que hará el Banco Nación para el funcionamiento de este fideicomiso, que luego será acompañado por otros bancos privados", explicó Dietrich.
Además de los fondos que aportará el BNA, el fideicomiso se nutrirá de los US$600 millones de garantía que aportó cada uno de los consorcios que participaron de los seis corredores viales licitados bajo esquema PPP.
Entre las empresas involucradas que ganaron la adjudicación de obras PPP están José Cartellone, Helport -que tiene como accionista mayoritario a Eduardo Eurnekian-, y Vial Agro, del empresario Pablo Quantín. Por ley de PPP, hasta que las empresas involucradas no tengan sentencia firme de la Justicia, el Gobierno no tiene obligación de suspender las obras.
"Tenemos US$100 millones de garantía y nos quedamos con la obra que se hizo hasta ese momento si el consorcio no cumple con su contrato", agregó Dietrich.
Desde que estalló el escándalo de los cuadernos, el primero de agosto, cada vez más compañías contratistas comenzaron a estar implicadas en el caso. Dietrich aseguró que por el momento las empresas que están siendo investigadas en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio por presuntas coimas en la obra pública seguirán al frente de las obras que tienen adjudicadas.
Esperan que este fideicomiso tome fondos prestados de bancos extranjeros que originalmente acompañarían los proyectos adjudicados a las constructoras hoy bajo sospecha. Es decir, los bancos tendrían como cliente deudor al fideicomiso y no a las constructoras.