Antes de conocer la postergada sentencia en el habeas corpus por la desaparición de Santiago Maldonado, el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, denunció ayer por falso testimonio a siete testigos mapuches y a un amigo del joven tatuador por sus “compendios de mentiras desplegadas” en sus declaraciones ante la Justicia Federal de Esquel.
Los ocho acusados declararon bajo juramento de decir la verdad en la causa que buscaba dar con el paradero de Maldonado y en la que investiga las circunstancias de su muerte por ahogamiento, cuya carátula continúa siendo de desaparición forzada, tras la negativa del juez Gustavo Lleral de cambiarla a “averiguación de muerte”, como pidió la fiscalía.
Los mapuches Matías Santana; Claudina y Ailinco Pilquiman; Soraya Guitart; Adriana Baigorria; Andrea Millañanco, pareja de Facundo Jones Huala, y Lucas Pilquiman, conocido como el testigo E, junto con Ariel Mariotto Garzi, amigo de Maldonado, fueron denunciados por vulnerar el artículo 275 del Código Penal, que reprime con prisión de un mes a cuatro años al que “afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte” ante las autoridades judiciales. El código contempla que “si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión” y “se impondrá al reo inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena”.
Bajo un estricto hermetismo, ordenado desde la Casa Rosada, la denuncia penal, de 54 carillas, fue radicada en la Fiscalía Federal de Esquel por el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, el abogado Gonzalo Cané.
Ahora, la fiscal Silvina Ávila deberá investigar quiénes mintieron u ocultaron información y quiénes exhibieron “discrepancias entre los hechos referidos y los hechos sabidos”, como plantea la jurisprudencia. Una vez concluida la instrucción, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, juzgará si corresponden condenas o sobreseimientos.
Según se pudo saber, el planteo judicial fue impulsado desde lo más alto del Poder Ejecutivo y discutido tanto en la Jefatura de Gabinete como en reuniones reservadas en la cartera de Bullrich, de las que participaron la diputada Elisa Carrió y los secretarios de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y de Asuntos Estratégicos de la Cancillería, Fulvio Pompeo. Si bien la denuncia estaba lista desde hacía semanas, el Gobierno esperó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Desaparición Forzada de la ONU dejaran sin efecto las medidas cautelares que dictaron por el caso Maldonado para efectivizar la denuncia.
Fuentes calificadas confiaron que también los abogados de la Gendarmería Nacional trabajan en una presentación similar para imputar por el mismo delito, al menos, a tres de los testigos mapuches. A diferencia de la presentación del Ministerio de Seguridad, estos serían Santana, el mapuche que afirmó haber visto cómo el joven era golpeado y capturado por gendarmes; Claudina Pilquiman, quien en sus declaraciones omitió informar lo que sabía por su hijo, el famoso testigo E, quien describió la dificultad para atravesar a nado el río Chubut antes de que lo hiciera Maldonado y negó haber presenciado su captura, y Ariel Garzi. A instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el amigo del joven había presentado una captura de pantalla de su celular para probar que luego de su desaparición alguien había atendido por 22 segundos el celular chileno del joven tatuador. No obstante, los exhortos librados a Chile desmintieron esa versión: esa llamada nunca fue atendida.
Los mismos argumentos esgrime el Ministerio de Seguridad, junto a otros en los que se analiza una ristra de inconsistencias, omisiones y falacias para cada una de las ocho testimoniales. Así, los dichos de los testigos son contrapuestos no solo al resultado de la autopsia y a los testimonios divergentes brindados por el testigo E, primero ante abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y luego ante el juez Lleral, sino que también se los contrasta con información periodística sobre escuchas telefónicas obrantes en ambas causas.
“Surge con claridad que los denunciados mintieron en sus respectivas juramentadas o, cuando menos, omitieron aportar la información que conocían”, dice la denuncia. Y argumenta: “Los testimonios fueron condición necesaria para la posterior construcción del relato por parte de determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos, quienes no dudaron en calificar el ahogamiento accidental del señor Maldonado en el río Chubut como una desaparición forzada de persona”