Tras el pedido de desafuero y detención de la expresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno de Mauricio Macri busca reactivar en el Congreso un proyecto para limitar la prisión preventiva y especificar cuándo corresponde aplicar este mecanismo previsto cuando hay riesgo de fuga o cuando los acusados tiene poder para obstaculizar la investigación judicial.
El Gobierno reflotaría en las sesiones extraordinarias del Congreso la modificación del Código Procesal Penal, que había presentado el año pasado en el Senado y que quedó sin tratamiento porque el peronismo frenó el debate.
El ministro de Justicia Germán Garavano ya acordó con el senador peronista Rodolfo Urtubey (Salta) impulsar la reforma de todo el sistema penal en 2018, pero ante esta embestida judicial, la reforma procesal y la precisión sobre el uso de la prisión preventiva serían la prioridad.
El Código Procesal de 2015 no fijó causales precisas para fundar los peligros de fuga u obstrucción de Justicia, ahora, se estipularían cuáles son esas pautas. Entre ellas están *Arraigo determinado por domicilio de residencia, familia y negocios o trabajo y facilidades para abandonar el país. *El comportamiento del imputado durante el procedimiento, rebeldía, intento de fuga, resistencia o violencia contra la fuerza pública.