El gobierno de Mauricio Macri confirmó ayer que reclamará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad del decreto por el cual el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, eximió del pago del Impuesto a las Ganancias a todos los funcionarios provinciales.
‘El Ministerio de Hacienda le pedirá a la Corte la nulidad del decreto y una medida cautelar para que los funcionarios pampeanos sigan pagando el impuesto‘, aseguró un portavoz de la cartera. Hacienda quiere la nulidad del decreto promulgado por el Gobierno de La Pampa la semana pasada en el que exime del pago de Ganancias a ciertos conceptos remunerativos que integran el salario de la administración pública provincial.
A la vez, elevará ante la Justicia una medida cautelar para que la provincia siga reteniendo la parte correspondiente del Impuesto a las Ganancias a los empleados de la administración pública, según fuentes gubernamentales. El jueves pasado, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Verna modificó una ley del Congreso de la Nación con un decreto provincial y eximió de hecho a todos los empleados públicos de La Pampa del pago de Ganancias. Voceros nacionales recordaron que las cargas tributarias federales no pueden ser alteradas por las provincias.
El ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, explicó que la decisión del gobernador ‘se basa en una acordada de la Suprema Corte. Es una decisión política que apunta a beneficiar a los empleados públicos de La Pampa y es una medida que se aplica en Santa Cruz, Río Negro y Chubut‘. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó ayer la decisión de Verna, de eximir el pago de Ganancias a funcionarios y agentes estatales, al calificarlo de ‘muy mal ejemplo‘. Además, negó que en su provincia se vaya a tomar una medida de este tipo y señaló que ‘no hay ningún país del mundo en que los ciudadanos no paguen impuestos‘.
El martes pasado, la administración del gobernador peronista Verna precisó que esa decisión se aplicó en enero por primera vez y benefició a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Legislativo, pero alcanzó también a todos los trabajadores afectados por el tributo.