Buenos Aires, 16 de enero.-El Frente para la Victoria, con mayoría en el cuerpo, avaló el DNU y negó que se trate de una "reducción" de sueldos.

"El decreto habla de revisión, no de reducción", enfatizó el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, también miembro de la comisión.

Además, el oficialismo convalidó otros decretos del PEN que se vinculan a la reasignación de partidas presupuestarias, otro que modifica un artículo de medicina prepaga y un tercero que introduce artículos en la Ley de Ministerio.

El Frente para la Victoria (FPV) impuso las decisiones con la presencia de 10 legisladores (cinco senadores y cinco diputados) que actuaron de consuno en una comisión compuesta por 16 miembros y consiguió los votos necesarios para designar presidente al diputado Jorge Landau (Buenos Aires) y vicepresidente al senador Pablo González (Santa Cruz), ambos del FpV.

El titular del bloque radical, Luis Petcoff Naidenoff, protestó con el argumento de que la comisión era un organismo de control, por lo que correspondería presidirla a la oposición, pero tras ser rechazada su moción propuso que la secretaría del cuerpo sea ejercida por su correligionario Juan Tunessi (Buenos Aires).

La oposición se negó a votar los casos de tres decretos, al argumentar que llegaron fuera del plazo establecido por la ley, y adelantaron que presentarán un pedido formal de que ambas cámaras sean convocadas para debatir los decretos, según establece la legislación.

En los tres temas, el oficialismo, que tuvo asistencia perfecta, consiguió la firma de 10 legisladores para avalar los decretos. Esa mayoría se extendió a los otros dos decretos en debate, aunque en ellos la oposición firmó un dictamen en disidencia avalado por cuatro legisladores.

Durante el debate, asumieron roles decisivos los oficialistas Miguel Pichetto, Agustín Rossi, Diana Conti y Luis Cicogna, y la oposición respondió con la participación del titular del bloque radical Luis Petcoff y Juan Tunessi.

El radicalismo pasó a elaborar el texto de reclamo de convocatoria a las dos cámaras del Congreso para una fecha todavía no determinada, en tanto el oficialismo descansa en el poder de las diez firmas conseguidas para que el asunto pase a ser considerado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.