El fiscal federal Diego Luciani aludió ayer a la existencia de ‘enorme prueba relevante’ reunida a su criterio en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y adelantó que acusará a los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por considerar que hubo una ‘asociación ilícita’ encabezada por quienes ‘se desempeñaron como jefes de Estado’.
El juicio que se sigue a la Vicepresidenta y a otros doce acusados por el presunto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, se reanudó pasadas las 8.30 con el inicio del alegato fiscal.
‘Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal de características singulares’ y que tuvo ‘en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos’, argumentó el fiscal.
Luciani dijo que en el juicio hay una ‘enorme prueba relevante’ en las que basará sus acusaciones y agregó que la irá presentando en sucesivas audiencias ante el Tribunal Oral Federal 2. Los miembros del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, recibieron ya un reclamo de absolución por falta de pruebas de parte de la UIF, cuyos representantes en el juicio sostuvieron que no hay elementos como para avanzar en la acusación y apuntaron sobre inconsistencias en las pericias.
Para Luciani, por el contrario, ‘Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país’, con ‘ausencia absoluta’ de controles, según planteó.
El fiscal arrancó su alegato con una crítica a la querella de la UIF y evaluó que ‘no podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable’, en alusión a la decisión del organismo de no acusar y pedir absoluciones por asociación ilícita y defraudación pública. Además, el fiscal manifestó que Báez era un empleado bancario ‘monotributista’ y fundó la empresa ‘Austral Construcciones’ días antes de la jura del fallecido Néstor Kirchner como Presidente de la Nación. ‘Hubo una estructura estable que permitió la apropiación de fondos’, dijo en relación a que según su interpretación las empresas de Báez fueron una ‘cáscara vacía’. ‘Se creó una empresa vial y se montó una estructura que permitió de manera sistemática actos de corrupción’, con ‘licitaciones públicas que no fueron reales, fueron ficticias. Detrás de Lázaro Báez existía una estructura estatal corrupta’, agregó.
Austral Construcciones ‘no fue una verdadera empresa, sino un instrumento’, consideró y remarcó que Báez no tenía ‘experiencia en construcciones viales’ y en pocos años consolidó en Santa Cruz ‘un conglomerado de empresas. ‘La ‘finalidad de la asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros’, dijo.
En el alegato, el fiscal mencionó una declaración del presidente Alberto Fernández, convocado como testigo en el juicio a pedido de la defensa de la Vicepresidenta, con la que intentó demostrar el vínculo entre el acusado Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner.
‘El propio doctor Alberto Fernández corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner, en el año 2003-2004, en Calafate, en circunstancias en que lo acompañó Néstor, que estaba terminando su casa y Lázaro Báez estaba allí en el parque’, interpretó sobre esa declaración.
Además, Luciani exhibió planillas de pericias al teléfono celular del exsecretario de Obra Pública José López, secuestrado en junio de 2016, cuando se lo detuvo en medio de un escándalo intentando esconder bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.