El Senado aprobó anoche por unanimidad y convirtió en ley los proyectos de Identidad de Género y de Muerte Digna. El último establece el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, ante una enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal. Dicho de otro modo, autoriza a los pacientes a rechazar procedimientos, cirugías y ‘medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría‘.

Votaron a favor 55 senadores con la salvedad de cuatro de ellos (Carlos Reutemann, Sonia Escudero, Blanca Monllau y el sanjuanino Roberto Basualdo), que se opusieron a artículos en particular.

La iniciativa, con la que se procura evitar todo tipo de encarnizamiento terapéutico, fue debatida ayer durante casi cuatro horas y aprobada por unanimidad. El proyecto modifica la ley 26.529 sobre Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Uno de los artículos más importantes es el que trata la Autonomía de la Voluntad: establece el “derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.

El derecho se extiende a los niños y adolescentes. La negativa puede ser a procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital; cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado.

Otra de las modificaciones refiere a la posibilidad que haya directivas anticipadas sobre la salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos. Un punto importante es que se le quita a los profesionales responsabilidad civil y penal.

‘Lo fundamental es que exista la voluntad anticipada a recibir o no tratamientos, y que en el caso de los menores puedan decidir sus familiares o representantes legales. Y lo otro importante es que los profesionales que tenían miedo a los juicios, la ley los inhibe de toda represalia civil y penal’, explican los legisladores que defienden el proyecto.

Esta norma no implica la legalización de la eutanasia ni el suicidio asistido, que sería facilitar la muerte del paciente. El proyecto de Muerte Digna es originario de la Cámara de Diputados y expresa iniciativas de los legisladores Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), Gerardo Milman (FAP) y Jorge Rivas (Nuevo Encuentro).

Para el senador nacional por el oficialismo sanjuanino, Ruperto Godoy, la sanción de estas leyes ‘dan respuestas a dos inquietudes muy importantes instaladas en la sociedad’. Sobre la Identidad de Género, destacó que ‘es un derecho fundamental de un grupo de personas de ser reconocidos como tal por el Estado y la sociedad’. Consideró que ‘este grupo siempre estuvo excluido y estigmatizado y hasta se vio obligado, en muchos casos, a prostituirse para poder mantenerse’. También destacó que entre estas personas la expectativa de vida promedio es ‘apenas de 35 años’.