El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dispuso ayer la intervención de la Fundación Felices los Niños luego de que se conociera un informe donde se aseguraba que el sacerdote Julio César Grassi desviaba donaciones a la cárcel de la localidad bonaerense de Campana, donde está detenido.
El sacerdote, que cumple una condena por abuso sexual a menores de edad, fue denunciado por el presunto desvío de recursos donados a un hogar de niños que fundó pero ya no dirige hacia la cárcel en la que cumple una sentencia a quince años de presión, confirmaron ayer fuentes de la fundación que administra el hogar.
La denuncia es impulsada por Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de la localidad bonaerense de San Martín y director de la Fundación ‘Felices los Niños’, de la que depende el hogar, desde que Grassi fue
detenido por una causa de abuso de menores por la que finalmente fue condenado en 2009.
Las maniobras por las que bienes del hogar, como alimentos y colchones, eran desviados a la cárcel, fueron reveladas el pasado domingo por un programa de investigación periodística del Canal 13. En el informe periodístico, trabajadores de la fundación revelan que el sacerdote los llamaba para pedirles el envío de víveres a la prisión y solicitaba que en los registros se anotaran las salidas de los bienes con destino a comedores sociales.
A partir de la denuncia, radicada en la Fiscalía 8 de Morón, efectivos de la Policía bonaerense allanaron en la noche del domingo la fundación, con sede en la localidad bonaerense de Hurlingham. ‘Descubrí que entraban muchísimas donaciones a la fundación y así como entraban se iban a la cárcel‘, dijo Casolati a medios locales. ‘Vine con las mejores intenciones y poco a poco me fui dando cuenta de las irregularidades‘, dijo.
Según Casolati, estos envíos a la prisión le permitirían a Grassi gozar de múltiples privilegios en la cárcel. De este modo, se sospecha que esto le permitía a Grassi gozar de prebendas y prerrogativas lo que, de comprobarse, significaría un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y corrupción de parte de autoridades del Servicio Penitenciario.
En el hogar que depende de la Fundación viven 54 chicos, huérfanos o procedentes de hogares con problemas. Luego de hacerse pública la denuncia y al saberse las necesidades económicas de la institución, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió ayer intervenir la fundación y que funcionarios provinciales trabajen coordinadamente con Casolati, para ‘darle continuidad al apoyo a esa entidad‘.
Según informó el Gobierno bonaerense, el Ejecutivo provincial también instruyó a su Ministerio de Justicia para que realice una profunda investigación en la cárcel de Campana para determinar las responsabilidades sobre la denuncia por irregularidades en el manejo de donaciones. El Gobierno bonaerense resolvió ayer separar del cargo al titular de la Unidad Penitenciaria 41 de Campana, Raúl Garnica. Fuentes: Agencias