El Gobierno dispuso una ampliación de 80.735 millones de pesos en el presupuesto 2013 mediante un decreto de necesidad y urgencia, con el argumento que, de lo contrario, podría correrse ‘el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del Estado Nacional y de no estar en condiciones de atender sueldos y salarios‘.
Así se admitió en los considerandos del DNU 1757/2013, el primero de esa clase que firmó el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, junto al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, entre otros. De acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ese incremento se financia parcialmente con recursos adicionales por $10.426,7 millones. Es decir que la ampliación presupuestaria representa un incremento del déficit financiero del Estado de $70.308,6 millones, señaló la entidad. Entre los principales aspectos atendidos por el DNU, figura el servicio de la deuda pública y los subsidios a la importación de combustibles y a las empresas de servicios públicos, que en conjunto representan más de la mitad de la ampliación del gasto. Las modificaciones son para atender incrementos en remuneraciones, pago de deuda, gastos de seguridad y de funcionamiento de distintos organismos entre los que se encuentran los fondos fiduciarios energéticos, el ACUMAR y el pago de impuestos de inmuebles a del PROCREAR. Se destinaron 6.800 millones para asistencia de empresas de energía y minería.