A toda máquina por el fuerte impacto que causó el intento del exfuncionario kirchnerista José López de esconder casi 9 millones de dólares en un convento, el bloque oficialista Cambiemos logró emitir dictamen ayer de un texto unificado que amplía la figura del arrepentido para casos de corrupción. Y para complementar esta figura, cosechó otro dictamen de mayoría que propone la extinción de dominio para que el Estado recupere aquellos bienes conseguidos a través de actos delictivos.
Ambos proyectos serán debatidos hoy en el recinto de la Cámara Baja en una sesión especial citada para las 11 horas, en la que también el oficialismo buscará aprobar un proyecto que autoriza a la Justicia a ‘allanar el domicilio particular y las oficinas del diputado nacional Julio De Vido‘, en una causa especifica.
Uno de los cambios introducidos al borrador que había circulado en las últimas horas dispuso que, como también planteaba el Frente para la Victoria, el arrepentido no se beneficie con la eximición de prisión sino con una reducción de la condena.
La iniciativa que busca ampliar la figura del arrepentido, debatida en el marco de las comisiones de Legislación Penal, a cargo de la radical jujeña Gabriela Burgos y de Seguridad Interior, presidida por Luis Petri (UCR-Mendoza), contempla para el arrepentido la ‘reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate‘, pero no la extinción de las condenas para quien brinde información que pueda contribuir a esclarecer causas judiciales.
En el marco del debate, Burgos puso de relieve la importancia de avanzar en esta figura que, dijo, ‘en muchos países de la región se viene utilizando desde hace años y ha tenido muy buenos resultados‘ y aseguró que el exsecretario de Obras Públicas, José López, ‘no se va a ir a su casa con esta ley porque estamos hablando de una reducción de penas‘, en respuesta a las afirmaciones de la diputada del FIT, Myriam Bregman, que había advertido sobre esa posibilidad.
La iniciativa establece, entre otras cuestiones, la reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate para aquellos que ‘contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos‘ pero no la extinción de las penas.
En tanto, el texto aclara que podrán ingresar todos los funcionarios públicos, salvo los que están sujetos a juicio político, contemplados en la Constitución Nacional.
Según el proyecto, el beneficio podrá ser aplicado tanto para delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación, así como casos de asociaciones ilícitas y corrupción. La información que se aporte deberá referirse a personas o delitos penados con una pena igual o mayor a la pena prevista para el delito que se imputa al arrepentido o colaborador, mientras que cuando el delito atribuido al imputado estuviera reprimido con prisión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta 15 años de prisión.
En el marco del debate, se estableció que el acuerdo con el colaborador o arrepentido podrá realizarse durante la sustanciación del proceso o luego de la sentencia condenatoria y no antes del inicio de la causa, como establecía en principio el borrador del dictamen.
En cuanto al proyecto para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes provenientes de ilícitos, contempla a los bienes ubicados tanto en el país como en el extranjero, y se aplica a cualquier situación presente o pasada, por lo que no habrá plazo de prescripción para la extinción de dominio.