El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Salta ordenó la prisión preventiva del empresario Marcos Levín y de otros tres procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El tribunal, conformado por los jueces Marta Liliana Snopek, María Alejandra Cataldi y Juan Carlos Reynaga, ordenó la detención de Levín; de José Antonio Grueso, ex director de personal de la empresa La Veloz del Norte; y de los ex policías Víctor Almirón y Enrique Cardozo, todos procesados por graves delitos cometidos entre enero y febrero de 1977.
La resolución respondió a un pedido del fiscal general Carlos Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, quien consideró en declaraciones radiales que “dimos un pasito más por el fin de la impunidad”.
La medida se aplica mediante la modalidad de arresto domiciliario, ya que los jueces ordenaron la prohibición de salir del país de los cuatro acusados y la colocación de pulseras electrónicas. Por esta razón, se libró oficio de lo dispuesto al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Además, por pedido de Amad se actualizaron los montos de los embargos que ya habían sido ordenados en el procesamiento, con lo cual al empresario se le fijó una suma de $2.400.000, mientras que la del resto quedó en $1.200.000.
El pedido del fiscal
El pasado 21 de octubre, el fiscal general solicitó al tribunal la detención del empresario, el ex director de personal de la empresa y de los ex policías Almirón y Cardozo, en el marco de la causa “La Veloz del Norte II”, que se encuentra en trámite ante ese tribunal.
El pedido se fundó en el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del pasado 18 de octubre, oportunidad en la que ordenó dejar sin efecto la absolución de los acusados, dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, tras revisar las condenas dictadas en marzo de 2016.
En esa oportunidad, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Levín a la pena de 12 años de prisión, por los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de un trabajador de su empresa, y se convirtió así en el primer empresario del país condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
En ese juicio, también fueron condenados los expolicías Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón, a la pena de 12 años de prisión; y Hugo Enrique Cardozo a 8 años de prisión.
Esta condena fue apelada y la Cámara Federal de Casación Penal determinó que no se trataba de delitos de lesa humanidad, tras lo que el fiscal acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar a su planteo.
“Estamos muy conformes con la decisión del tribunal. Es un caso paradigmático, con un fuerte empresario acusado de cometer delitos de lesa humanidad”, expresó el fiscal, quien destacó que la decisión “es un logro para el Ministerio Público Fiscal”.
Entre los argumentos, Amad sostuvo que a partir del pronunciamiento de la corte nacional quedó establecido definitivamente que los hechos formaron parte del ataque a la población civil que tuvo lugar durante el terrorismo de estado y que los hechos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad.
Para el fiscal, el pronunciamiento del máximo tribunal agravó los riesgos de fuga de los acusados y de entorpecimiento del proceso, por lo que la situación era de máximo riesgo procesal.
Asimismo, Amad no descartó la alta probabilidad de que los acusados reciban penas severas de prisión efectiva, como así también resaltó la proximidad del segundo juicio, en el que Levín, Grueso, Almirón y Cardozo enfrentan acusaciones por 17 casos de privaciones ilegal de libertad y torturas, cometidas en perjuicio de los trabajadores de la empresa La Veloz del Norte entre enero y febrero de 1977.
A su vez, el fiscal hizo hincapié en la mayor vulnerabilidad de los testigos, todos de avanzada edad, y los antecedentes de amenazas que se registraron a lo largo del proceso.
Finalmente, destacó la existencia de otros procesos abiertos en contra de los imputados, particularmente en los casos de Levín y Almirón, que son investigados por otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.
Tras evaluar el pedido, como así también el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el cual se basó el planteo, los jueces –en un fallo de mayoría- resolvieron de acuerdo a los argumentos de la fiscalía, tanto respecto a la medida de prisión preventiva, como así también respecto a la necesidad de actualizar el monto de los embargos.
Fuente: Télam