El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), junto con otras medidas de ayuda como la duplicación de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y la Tarjeta Alimentar en marzo y abril, evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en el último bimestre, según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Esos resultados fueron contabilizados por la cartera en micro simulaciones con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizadas conjuntamente por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) y los ministerios de Economía y de Trabajo.
El IFE y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron los instrumentos creados por el Estado en los últimos meses para asistir a las familias y a las empresas, con el objetivo de atenuar el daño social y económico que genera la pandemia de coronavirus.
En su primera ronda, el Ingreso Familiar alcanzó a 8,4 millones de personas (asalariados informales, cuentapropistas de bajos ingresos, desocupados e inactivos) y permitió llegar a hogares pobres no cubiertos por la AUH.
Por ejemplo, se incluyó a asalariados informales solteros o a trabajadoras adultas cuentapropistas con hijos mayores de 18 años.
Mientras que la AUH permite llegar al 60% del decil 1 (el 10% más pobre de la población), el IFE permitió llevar esa cifra al 90%, precisó el análisis gubernamental.
El impacto del IFE “ha sido fundamental para evitar que millones de familias cayeran en la pobreza y la indigencia”, evaluaron en Desarrollo Productivo.
Fue por esa tendencia, indicó el análisis oficial, que se sostuvo la demanda de alimentos desde que comenzó la pandemia, incluso con crecimiento en rubros como carne, pollo, lácteos, derivados de harinas e infusiones en el mes de abril.
También ayudó la desaceleración de la inflación de alimentos, que desde el inicio de la cuarentena acumuló un 0,9% en los supermercados, de acuerdo con el registro de Precios Claros del Ministerio de Desarrollo Productivo.
También, se indicó, fue importante para lograr el sostenimiento del consumo la política de Precios Máximos, que obligó a los comercios a retrotraer al 6 de marzo los precios de artículos de consumo masivo.