El juez Thomas Griesa dijo ayer que el proyecto de ley que mandó el Gobierno argentino al Congreso para cambiar la sede de pago de los bonistas y el banco fiduciario es ‘ilegal‘ porque ‘viola órdenes judiciales‘ y además señaló que ‘no se puede llevar adelante‘.
En una audiencia que se celebró en Nueva York (EEUU) a solicitud de los holdouts (fondos buitres), quienes buscaban que el magistrado penalice a la Argentina, Griesa hizo saber que por ahora ‘no se pronunciará‘ acerca del pedido sobre una eventual condición de ‘desacato‘ en la que pudiese haber incurrido el país.
‘Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, es prematuro‘, sostuvo Griesa acerca de una penalidad hacia la Argentina, señalaron reportes de agencias internacionales. ‘No agrega nada a la escala de un acuerdo emitir una orden de desacato‘, afirmó Griesa a los abogados de los fondos buitres que insistieron reiteradas veces en pedir que el juez aplique esa figura al país.
Tras una hora y cuarto de deliberaciones, tiempo en el que los holdouts le pidieron también al magistrado ‘sanciones económicas‘ hacia la Argentina por intentar incumplir su orden judicial, los observadores señalaron que ‘una vez más‘ el juez no se pronunció. Si bien eludió hacerlo acerca del pedido de los holdouts que dio origen a la audiencia, el juez dejó en claro que la intención de cambiar el domicilio de pago de la deuda que planteó la Argentina es ‘ilegal‘ porque ‘viola órdenes judiciales‘ y ‘no se puede llevar adelante‘.
Griesa ya había advertido que el cambio de lugar de pago iba a ser considerado como un incumplimiento de su fallo judicial, cuando hace dos meses la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había adelantado esta posibilidad durante un discurso en cadena nacional.
En el comienzo a la audiencia, los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan al país, le aseguraron al juez que ‘no conocían‘ los planes del Gobierno de avanzar con esa posibilidad. Al respecto, Griesa señaló que estaba ‘consternado‘ porque la Argentina no había efectuado consultas legales antes de avanzar en el camino que eligió.
El abogado del fondo de cobertura NML Capital, uno de los líderes de la demanda, dijo en la audiencia que las medidas anunciadas por Fernández de Kirchner fueron una ‘grave afrenta‘ a la decisión de Griesa.
Por su parte, el letrado representante del país, Carmine Boccuzzi, afirmó que la figura de desacato no contribuiría de ninguna manera a lograr un acuerdo negociado entre las partes y que, a su vez, “no hay bases” para aplicar esa figura dado que no hubo violación en las acciones que llevó adelante Argentina.
Lo que Argentina “está haciendo, es abiertamente, un proyecto de ley como parte de un proceso democrático”, concluyó Boccuzzi.
Para el abogado del fondo buitre Aurelius, Edward Friedman, aplicar el desacato contribuiría porque “envía un claro mensaje” a la Argentina y a terceras partes que podrían asistir al país a ejecutar esa iniciativa de pago. Tanto Friedman como el abogado de NML, Robert Cohen, plantearon además que la corte “considere sanciones” como paso posterior al desacato, lo que también fue desestimado de plano por Griesa. Fuentes: DyN, Télam y Reuters