Un juez de Chubut descartó los mensajes de texto (SMS) presentados por un marido engañado como prueba de la infidelidad de su esposa, al dictar sentencia en un juicio de divorcio celebrado en la Capital provincial.
El juez Martín Alesi recordó en su fallo que la Constitución Nacional "garantiza la inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles privados" y añadió que la Ley Nacional de Telecomunicaciones "establece la inviolabilidad de las comunicaciones y dispone que su interceptación sólo será posible mediante requerimiento del juez competente".
"La inviolabilidad de la correspondencia de telecomunicaciones importa la prohibición de abrir, sustraer, interceptar, interferir, cambiar su texto, desviar su curso, publicar, usar, tratar de conocer o facilitar que otra persona que no sea su destinatario conozca la existencia o el contenido de cualquier comunicación confiada a los prestadores del servicio y la de dar ocasión de cometer tales actos", resumió.
Alesi debió resolver el caso después de que el marido despechado adujera que había descubierto las infidelidades de su mujer al revisar los mensajes de su teléfono móvil. Por su parte, la mujer negó los cargos y señaló a su marido como el culpable de la ruptura del matrimonio, al argumentar que el hombre había comenzado a mostrar su "verdadera personalidad" una vez que comenzó la vida de casados, la que consideró como un constante flagelo.
El magistrado dio por acreditado que el marido "se apoderó del celular de su cónyuge sin la autorización previa de su esposa. Incluso respondió negativamente cuando el juez le preguntó acerca de si existían acuerdos, expresos o tácitos, a través de los que mutuamente se habilitaran a revisar la correspondencia o las cuentas de correo electrónico.
No obstante, Alesi consideró que el marido pudo haber usado como prueba los mensajes de texto si hubiera solicitado la autorización judicial correspondiente, en vez de "apoderarse subrepticiamente del teléfono móvil" de su esposa.
Finalmente el juez concedió el divorcio por "injurias graves recíprocas" y condenó a los ahora ex cónyuges a pagar un indemnización mutua de unos 2.000 dólares.