El juez federal Sebastián Casanello dispuso este martes nuevos operativos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y otros organismos para buscar información sobre los controles que se hicieron en la mina Veladero.

Dicha decisión se dio ante nuevas medidas de prueba solicitadas por el fiscal Ramiro González a raíz del derrame registrado en Veladero en los últimos días. González investiga si la minera Barrick Gold, concesionaria del yacimiento metalífero, incumplió la Ley de Glaciares. En la Justicia de la Capital Federal se investiga si existieron diferentes incumplimientos u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El expediente fue iniciado luego del derrame de millones de litros de solución cianurada, al río Potrerillos, por parte de Barrick Gold, entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado. Luego de una nueva fuga el pasado 8 de septiembre, los abogados Enrique Viale y Diego Seguí, que representan a la Asamblea Jáchal No Se Toca, se presentaron en el expediente para pedir el cierre del emprendimiento por la violación a la ley de glaciares.

También solicitaron que se investigue si las autoridades del Ministerio de Ambiente y del Instituto Argentino de Nivologia y Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cometieron algún delito al eludir sus obligaciones legales. En su presentación, los abogados Viale y Seguí explicaron queuna correcta aplicación de la ley de glaciares hubiese significado el inmediato cese de actividades en Veladero y que, por ende, los derrames de solución cianurada no hubieran sucedido, publicó el matutino porteño Infobae.

En el dictamen, el fiscal González consideró que ‘de lo expuesto, se desprende que podrían haber existido diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales’. Frente a ello, solicitó que, antes de brindar un dictamen definitivo sobre el pedido de cierre de la mina, son necesarias una serie de medidas de prueba para saber cómo se aplica la ley de glaciares. Por eso, pidió que se allane el Ministerio de Ambiente para que ‘se proceda al secuestro de toda la documentación relativa a la aplicación de la Ley 26.639 en la zona de influencia de Veladero’.

A su vez, el fiscal pidió que las autoridades de la cartera ‘detallen las acciones que ha llevado a cabo ese ministerio a fin de conservar y proteger los glaciares y el ambiente periglacial’ en Veladero, y que brinden información sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley, incluida la remisión del inventario.

El fiscal también pidió que se allane el Ianigla, con sede en Mendoza, para que se secuestre la documentación vinculada al caso, puesto que el instituto tiene a su cargo la demorada confección del inventario de glaciares. Además, solicitó que las autoridades indiquen si Veladero está ubicada en una zona no autorizada por la normativa legal y si el inventario para esa zona está realizado, algo que las autoridades ya comunicaron informalmente que está terminado y esperando para ser publicado en una oficina del subsuelo del Ministerio de Ambiente.

Además, también les pidió que el Ianigla explique el concepto de glaciar que aplica, puesto que la ley considera que es ‘toda masa de hielo (…) cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación’, pero en un documento elaborado en 2010, sus autoridades modificaron la definición legal yestablecieron que deben ser mayores de una hectárea. De esta forma, según los abogados, quedaría afuera, por ejemplo, el glaciar binacional Toro 1, sobre el cual está proyectado el rajo de la mina Pascua Lama, también de Barrick Gold, actualmente frenada por la Justicia chilena por numerosas infracciones ambientales.