El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves el primer informe oficial sobre las auditorías a las causas por corrupción tramitadas en todos los juzgados federales del país entre 1996 y 2016. En ese lapso se tramitaron 9.476 causas, de las cuales aún siguen abiertas 2.178. Semejante inflación de expedientes no parece haber llenado las cárceles con corruptos, ni menguado la tentación de malversar fondos públicos.
Estos primeros números puros y duros muestran que de las 4.477 causas que los tribunales orales federales y cámaras de todo el país dieron por concluidas, poco más de la mitad terminó con condenas (55%).
Por aclamación, el delito más juzgado fue el de defraudación contra la administración pública (2303 expedientes), seguido de lejos con un triple empate entre malversación de caudales públicos por robo de dinero, bienes o servicios del Estado (456 causas), abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (440) y coimas, con sólo 404 casos tramitados en veinte años. Con menos de 300 causas, le siguieron las acusaciones por malversación de caudales públicos destinados a otro fin del que debían (284), negociaciones incompatibles (266), defraudación por administración fraudulenta (258), asociación ilícita (234) y encubrimiento (228). El top ten cierra con los juicios por exacciones ilegales, con 190 casos. Entre todas estas acusaciones corresponde más de la mitad de las causas por corrupción tramitadas desde 1996.
Lo dicho: en dos décadas, la justicia federal argentina tramitó 9476 causas por corrupción, de las cuales hay 2178 en trámite y otras 7298 están culminadas.
Algunos datos técnicos respecto a la pesquisa: tal como resolvió el plenario del organismo, el colegio de auditores se integró con especialistas y delegados de todos los consejeros, que recabaron información de los juzgados y las cámaras según un procedimiento establecido en el plenario y con instancias de verificación y de vista a los respectivos juzgados para que hagan sus observaciones. Para normatizar la información, se confeccionó una ficha para llenar con datos y números específicos: número de causa, carátula, delito investigado, fecha de inicio, fecha de intervención de la fiscalía, cantidad de imputados, fecha de citación de indagatoria, fecha de realización de la indagatoria y cantidad de indagados, fechas de procesamientos, de sobreseimientos, de falta de mérito o de prescripción, día del último acto procesal en el expediente y del requerimiento de elevación a juicio oral: una radiografía inapelable, que viene siendo seguida con especial interés desde la Unión Europea, por ejemplo.
Uno de los resultados más esperados era el referente a la duración de los expedientes. Y los números dicen que el 63,5% de aquellas causas alojadas en Comodoro Py y en trámite fueron abiertas en los últimos tres años; el 21,4% tienen entre tres y cinco años de gestión, un poco menos (10,18%) de seis a diez años de trabajo, y casi un 5% más de diez años de tarea judicial. Unos 50 expedientes. Suena poco, y lo es. Pero en ese pequeño lote hallaríamos causas como el trafico ilegal de armas por el que Carlos Menem fue condenado y espera la confirmación de la Casación (abierta en 1995) o la de asociación ilícita contra Néstor y Cristina Kirchner, que Elisa Carrió abrió en 2008. Justo diez años. Si abrimos el lente y sumamos el otro 10% de las que tienen de cinco a diez años de historia, entran desde “la ruta del dinero k” hasta Ciccone, o varios expedientes contra Julio De Vido, Ricardo Jaime y los suyos. Un detalle importante: entre las causas abiertas que llevan más de una década, ocho de cada diez aún permanecen en los juzgados y sólo el 15% está atascada en los tribunales orales.
Sigamos con los números: de las 4402 causas terminadas en Comodoro Py -contando las que resolvió o mantiene la cámara de Casación-, el 87,2% se resolvió en menos de tres años, el 7% llevó entre tres y cinco años, 3,68% entre seis y diez, y 2% más de una década. En números constantes: en los últimos veinte años, de aquellas causas que duraron más de la mitad de ese tiempo hay 88 terminadas y 50 que todavía siguen en trámite. Toda una foto.
Si en ese cálculo excluimos los expedientes de la Casación y analizamos las restantes 3.917 causas, veremos que los juzgados con más causas en trámite son el 11, de Claudio Bonadio, con 83; el 10 (Julián Ercolini) con 76, y el 2 (Sebastián Ramos) con 70 expedientes. El 7 (Sebastián Casanello), el 4 (Ariel Lijo) y el 5 (históricamente de Norberto Oyarbide) tienen 68, 67 y 66 causas respectivamente. En el otro extremo, los más aliviados -por eficientes o porque les tocaron menos carpetas- son el juzgado 3 de Daniel Rafecas, con 38 causas -aunque mantiene pisada y escondida la causa UNIREN, con la esperanza de que nadie pregunte por ella- y el 9, de Luis Rodríguez,con sólo 30 casos en trámite. En la Cámara Federal salta la púa: la sala I tiene 17 expedientes abiertos, y la II ninguno. Los tribunales orales muestran las diferencias más fuertes, y claves para la demora de las sentencias. Mientras que el TOF 3 tiene 64 casos para enjuiciar y el TOF 6 52, el tribunal 1 y el 6 apenas tienen 16 y 17 juicios cada uno, y el TOF 2 sólo 15. ¿Casos cerrados? El campeón es el doctor Rodríguez, con 160. Le siguen Oyarbide (120) y Rodolfo Canicoba Corral (106). En cambio Bonadio sólo concluyó 77 casos en 20 años, Martínez de Giorgi 75 y la doctora María Servini 74.
¿Qué juzgados y tribunales tienen causas más tiempo? Por lejos, el tribunal 5, que hasta abril de 2016 comandó Norberto Oyarbide, con 12 expedientes con más de diez años de trámite. Detrás de él aparece el juzgado de Casanello, con 6 causas. Una aclaración: Casanello recién llegó a su sillón en 2012.