La justicia federal de Mendoza define hoy, a instancias de lo que disponga la Cancillería, si extradita al financista detenido Alejandro Vandenbroele a Uruguay (donde es requerido en una causa por lavado de dinero) o si lo mantiene en el país para que responda ante los tribunales argentinos por el caso Ciccone.

En este último caso se investiga la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda ex Ciccone, cuando Boudou estaba a cargo del Ministerio de Economía (2009-2011).

Según el auto de procesamiento firmado por el juez federal Ariel Lijo, el vicepresidente y su socio, José María Núñez Carmona, habrían adquirido la quebrada empresa Ciccone Calcográfica mientras Boudou era ministro.

Vandenbroele, señalado como presunto testaferro de Boudou, pasó el fin de semana encarcelado en la sede de los Tribunales federales de Mendoza.

El juez federal de Mendoza Walter Bento recién recibirá hoy temprano al financista para notificarlo de su situación. Vandenbroele está arrestado desde el viernes a pedido de la Unidad Especial contra el Crimen Organizado de la justicia uruguaya, que lo investiga por los orígenes de la empresa Dusbel, de la cual es presidente. Esa compañía realizó transferencia de bonos al grupo The Old Fund, a cargo del paquete accionario de la calcográfica Ciccone.

El fiscal Juan Bautista Gómez, quien emitió el requerimiento para que Interpol lo busque y detenga, aseguró que tienen “suficientes elementos probatorios como para haber ordenado una captura internacional contra Vandenbroele”. El fiscal junto al juez Néstor Valetti pidió dos veces su presencia en los tribunales de Montevideo y no logró que se presentara.

El juez, en tanto, dijo al diario uruguayo El Observador que la Cancillería argentina “observó” un primer pedido de extradición porque no incluía “una orden de prisión”, por lo que luego lo reformuló el fiscal Gómez la semana pasada. El magistrado había indicado el viernes que al estar en Argentina, “que es el Estado que lo procesó, la Justicia argentina tiene la potestad de evaluar si tiene que cumplir la pena en ese país antes de remitirlo a otro Estado”. Valetti aclaró entonces que si era detenido en otro país, debían “enviarlo a Uruguay, siempre y cuando cumplan los tratados internacionales”. Fuente: DyN