El Gobierno estableció que al menos el uno por ciento de los cargos del ámbito público nacional deberán ser ocupados "por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias", lo que fue celebrado por activistas y funcionarias que dijeron que se trata de "un día histórico" y lo calificaron como un reconocimiento del Estado frente "a tantos años de exclusión, discriminación y persecución". La medida, que fue tomada mediante el Decreto 721/2020 publicado en el Boletín Oficial, establece que abarca a cualquiera de las modalidades de contratación vigentes en el Estado.
"Es un hecho histórico porque busca reparar esa desigualdad estructural que hemos vivido la población travesti trans a lo largo de los años y que nos ha excluido del ámbito laboral", señaló a Télam Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) e histórica activista trans.
Para Rueda, la nueva medida "garantiza oportunidades reales de acceso al empleo y a una integralidad de derechos como obra social y aportes jubilatorios que nos permiten hacer sustentables nuestras vidas y las de nuestras familias".
Además, sostuvo que permite "demostrar que tenemos una capacidad laboral acompañada por el Estado con formación en la terminalidad educativa y capacitación, a la vez que nos asegura que en el ámbito del empleo público no exista discriminación".