El 24 de septiembre de 1992, el proyecto de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue aprobado en medio de gran tensión en la Cámara de Diputados. Inclusive, la sesión estuvo a punto de naufragar por falta de quórum, tal como venía ocurriendo desde hacía un par de semanas. Por entonces, la iniciativa encontraba resistencias incluso dentro del oficialismo justicialista, que respaldaba el mandato del presidente Carlos Menem y su política de privatizaciones de las empresas públicas.
El vocero del proyecto fue en esa ocasión el diputado neuquino, Oscar Parrilli, miembro informante por el oficialismo y hoy secretario general de la Presidencia. Una semana antes y como diputada santacruceña, Cristina Fernández de Kirchner había presionado a sus pares justicialistas de la Legislatura provincial para que aprobaran en ese ámbito la privatización propuesta por el Ejecutivo nacional.
La ley, que no conllevaba un marco regulatorio y transformaba YPF en sociedad anónima, transfería los yacimientos a las provincias, vendía los activos y acordaba como prenda de intercambio el pago de regalías a las provincias productoras. Así, a Salta le tocaron U$S120 millones, a Mendoza 638 y a Santa Cruz, dinero que el entonces gobernador Néstor Kirchner no se atrevió a rechazar, U$S480 millones.
La noche que el Congreso debatió el proyecto la votación terminó con 120 diputados a favor de la privatización de YPF contra 10 en contra, la mayoría de partidos provinciales y sin la participación del radicalismo y otros bloques que se retiraron del recinto. En su libro posterior, titulado ‘Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993‘, Parrilli recordó que ese día manifestó en el recinto: “Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro Gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente (Carlos Menem)”. También dijo: “Hoy YPF es la gran empresa privada nacional”.