Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dueños del Grupo Indalo, se entregaron en la tarde-noche de ayer en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional después que la Cámara de Casación Penal ordenara su inmediato regreso a prisión.
López y De Sousa volvieron a la cárcel, en el marco de la causa en la que se los investiga por no haberle rendido a la AFIP 8 mil millones de pesos que habían recaudado con el impuesto a la transferencia de combustibles.
Se dispuso también que Cristóbal López y Fabián de Sousa sean alojados en los penales en los que cumplían la detención antes de ser liberados en marzo último. De modo que Cristóbal López regresa al penal de Ezeiza, y su socio De Sousa hace lo propio al de Marcos Paz.
El fallo de Casación Penal revocó la resolución que había dictado la Cámara Federal porteña, que el 16 de marzo pasado dispuso la liberación de los empresarios y el cambio de carátula del expediente por el que habían sido detenidos.
La decisión fue tomada por mayoría por la sala I del máximo tribunal penal con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, mientras la camaristas Ana María Figueroa votó en disidencia.
En un fallo de 148 páginas, los jueces de Casación dispusieron que los empresarios y el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, vuelvan a ser investigados por "defraudación al Estado" y no por "apropiación indebida de recursos", contra lo que había decidido la Cámara Federal.
El cambio de carátula implicaba un gran respiro monetario para López y De Sousa ya que así no deberían rendir cuentas por fraude ante la Justicia Federal. Una simple evasión al fisco sólo los lleva ante la Justicia Penal Tributaria, lo que les permitía a los empresarios solicitar la adhesión a una moratoria que les posibilitaría una considerable reducción de la deuda que tienen con el Estado nacional.
La nueva detención de los dueños del Grupo Indalo, que tiene entre sus insignias a la empresa Oil Combustibles y al canal C5N, debía ser instrumentada por el juez federal Julián Ercolini que es quien lleva la causa por el no pago del impuesto a las transferencias de combustible.
Los miembros de la sala I de Casación decidieron además volver a elevar los montos de los embargo que pesan sobre los tres imputados a más de 17 mil millones de pesos, dado que la Cámara Federal los había disminuido a 9 mil millones en cada caso.
Los imputados están acusados de haber realizado una maniobra para desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. debía entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al conglomerado empresario denominado "Grupo Indalo".
Los empresarios habían sido detenidos por primera vez el 20 de diciembre del 2017 por orden del juez Ercolini, que entendió que el intento de venta del Grupo Indalo a un fondo de inversión tenía por objetivo eludir la inhibición de bienes dispuesta por la Justicia.
De los jueces de la Cámara de Casación, el primero en votar fue Hornos, quien consideró que "existen circunstancias objetivas y ciertas referidas a la concreta situación de los imputados López y de Sousa que definen la necesidad de disponer la prisión preventiva de los nombrados en orden a la presunción de que estos intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga".
En la misma dirección que Hornos votó el juez Riggi, quien sostuvo que "la extrema gravedad de las imputaciones formuladas, sumada a la contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable daño causado al Estado por el delito justifican la restricción de la libertad" de los empresarios acusados.
En relación a Cristóbal López, el juez Riggi sostuvo que al analizar su caso tuvo especial consideración a las manifestaciones públicas que hizo el mes pasado al recuperar su libertad cuando dijo que no había estado detenido sino "secuestrado".