Desde su despacho en el Senado argentino, Cristina Fernández de Kirchner adelantó ayer que denunciará a los fiscales del juicio y vinculó el caso Vialidad con el intento de magnicidio.
En una exposición de una hora y media, la titular de la Cámara Alta pidió que se investigue por prevaricato (dictar resoluciones judiciales arbitrarias) a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua por el caso de las obras públicas adjudicadas irregularmente al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Al exponer en la última audiencia de alegatos de su defensa, la expresidenta sostuvo que se siente en ‘estado de indefensión con este poder judicial’.
"Se desmontaron las increíbles mentiras y difamaciones que desarrollaron los fiscales (federales) Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día la arbitrariedades que se han cometido en este juicio", dijo Cristina.
Y luego pidió que los fiscales sean investigados. "Voy a solicitar que se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con los testigos, las pericias, la documentación".
A la hora de explicar en qué fundará la denuncia se refirió a tres planteos formulados por el Ministerio Público Fiscal, a los que calificó de "tres mentiras, porque las pruebas deben estar en el expediente y eso no ocurrió".
Uno de esos tres ejemplos es la utilización de los mensajes del celular de José López, exsecretario de Obras Públicas kirchnerista. "El fiscal dijo que estuvo durante meses mirando las 9.000 fojas del teléfono, analizaron 26.000 llamadas y mencionaron cuatro que mostraban la familiaridad con Báez", dijo CFK.
Al respecto, agregó: "Al fiscal se le pasaron 400 llamadas con Nicolás Caputo, el hermano de vida del señor Mauricio Macri (expresidente)" y "del empresario Eduardo Gutiérrez (investigado con López en la causa por enriquecimiento ilícito)".
Vía Zoom, CFK habló ante el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga por el presunto direccionamiento en la obra pública vial a favor de Báez, su ex socio comercial. Al cerrar los alegatos en su condición de abogada, vinculó los efectos del juicio de Vialidad con el atentado que sufrió el 1 de septiembre cuando intentaron gatillarle en la cabeza.
"Hasta el 1 de septiembre creí que era esto sólo estigmatizarme, calumniarme, pero a partir de ahí me di cuenta de que puede haber una cosa más. Es como que el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar ya en hacer cualquier cosa".
Bajo esa misma línea continuó : "El día que el fiscal terminaba su histriónico alegato pusieron la puerta de mi casa en la televisión. Ahí mismito me quisieron pegar un tiro". En ese contexto puso en duda que los jóvenes detenidos y procesados por la tentativa de homicidio en su contra hayan "planeado todo solos".
Dijo que se siente indefensa. La causa por el ataque a su despacho quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, los mismos funcionarios que investigan el atentado en su contra.
Cristina remarcó la relación que existe entre abogados de la defensa de los detenidos por el intento de magnicidio y el senador chubutense de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. ‘Los abogados defensores de las personas que están detenidas, entre los que considero el jefe de la banda pequeña, eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 metros mío. Su asesor defiende a quien me quiso matar’, subrayó.
En esa misma línea, agregó: ‘Yo hasta el 1 de septiembre creía que esto era para denigrarme, difamarme, calumniarme, pero a partir de ese día me di cuenta que puede haber otra cosa más atrás de todo esto’. ‘No puedo olvidar que este año, este mismo despacho fue destruido literalmente durante más de 40 minutos por pedradas. Ninguna fuerza de seguridad impidió que mi despacho fuera destrozado’, subrayó.
Hacia cárceles de máxima seguridad
Los cuatro detenidos por el ataque a Cristina, frente a su departamento en Recoleta, fueron trasladados ayer por la tarde a cárceles de máxima seguridad, según confirmó a Télam la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós.
La decisión del traslado de los detenidos fue resuelta en las últimas horas por la jueza federal número 5, María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo el expediente por el atentado contra la vicepresidenta.
En principio, la decisión es trasladar a los cuatro sospechosos, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, al Complejo Penitenciario I de Ezeiza, aunque por cuestiones de espacio es probable que este último sea luego sea derivado a Marcos Paz.
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‘La fábula para traerme de los pelos al juicio’
Cristina aseguró ayer que ‘es absurdo y raya lo ridículo’ que este proceso judicial incluya la acusación de que los gobiernos kirchneristas de 2003 al 2015 fueron ‘una asociación ilícita’.
‘En un momento parecía que estuve viendo una película en Estados Unidos donde hay un juicio por jurado donde van y se encuentra la verdad. No se puede creer cómo y por qué se ha llevado adelante este juicio’, agregó.
‘Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio’, expresó la Vicepresidenta desde su despacho en el Senado de la Nación, al exponer vía Zoom en el marco del alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
El abogado Carlos Beraldi reclamó ayer la absolución de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa en la que se la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, mientras se desempeñó como mandataria durante dos períodos. Con la requisitoria formal, Beraldi cerró el alegato de la defensa de la expresidenta, que duró tres audiencias y en el cual intervino ayer la propia Fernández de Kirchner, que hizo uso de su título de abogada para alegar como defensora en causa propia, posibilidad otorgada por el artículo 104 del Código Procesal Penal.