El polémico fallo, repudiado en todo el país, que absolvió a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón, y que puso a la defensiva al gobierno de José Alperovich en Tucumán, le sirvió en bandeja de plata a Cristina Fernández la posibilidad de renovar su amenaza de avanzar sobre el Poder Judicial. Uno de los tres poderes del Estado que le ha traído varios dolores de cabeza al Gobierno, especialmente por la Ley de Medios.
Al comentar el desenlace del juicio emblemático para el Gobierno en su lucha contra la trata de personas, la Presidenta denunció ayer que existe un “divorcio” entre la Justicia y las demandas de la sociedad, y, en medio de duras críticas a los magistrados, anunció que impulsará ante el Congreso un “proyecto para democratizar” al Poder Judicial.
La promesa de CFK cayó como una bomba en la oposición que ve detrás de estas palabras un intento para ponerle “cepo a la independencia judicial” a través de una reforma constitucional que, de paso, “abriría la puerta a la re-reelección”.
“Tenemos que trabajar junto con el Parlamento, un proceso de democratización” del Poder Judicial, afirmó Cristina. Y agregó: “Vamos a tener que poner en marcha, y creo que la sociedad lo reclama, y todos deberán entenderlo, una democratización del Poder Judicial, porque es en definitiva el Poder que decide sobre cosas, es el último eslabón en la decisión. Yo firmo un decreto, pero es revisable por el Poder Judicial”.
“En ese Poder son eternos, nadie los puede movilizar, porque además se protegen entre ellos. Deciden sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos nosotros. Entonces, creo que tiene que haber un control republicano, de la misma manera que hay un control republicano sobre cada uno de los poderes”, subrayó.
Tras recordar que en 1994, en la Convención Constituyente, criticó la creación del Consejo de la Magistratura, “porque podía crear una suerte de corporación que se defendiera a sí misma”, afirmó: “Di una gran discusión para reformar ese Consejo de la Magistratura, para que tuvieran una mayor participación los que son elegidos por la sociedad, porque en definitiva, con nuestros defectos, virtudes, miserias, quienes hablamos desde la política, un presidente, un diputado, un senador, son elegidos por la voluntad popular y sus cargos se renuevan permanentemente”, comparó. Y aseguró: “Hay un control total republicano, pero además, una renovación permanente. Pero acá no es lo mismo, porque hay una defensa corporativa”.
La Presidenta comparó el caso de Marita Verón en Tucumán con el del conscripto Omar Carrasco, cuya muerte en una guarnición militar de la Patagonia en 1994 determinó el fin del servicio militar obligatorio.
“Espero que este caso, así como el caso Carrasco sirvió para que reviéramos una forma de organización que teníamos, nos sirva para pensar en una democratización y en un control republicano de uno de los tres poderes del Estado”, pidió. Porque “son del Estado, no hay que olvidarse nunca de eso. Independientes, pero del Estado”.
Y apuntó: “Me hago cargo de lo que digo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Cuando hay dinero de por medio, puede estar el mundo tocando trompetas que no les importa nada, y no les importa nada porque claro, díganme qué otro poder del Estado y dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida, y si hay que juzgarlo, lo juzgan únicamente sus pares y los abogados, que son los que dependen de ellos”.
Por lo pronto, ya tomó el guante el diputado K Carlos Kunkel quien afirmó que el oficialismo buscará “consensos” para “corregir las desviaciones en la corporación judicial”. (DyN, Télam)