El Tribunal de Cuentas de Uruguay consideró que hay ‘dudas‘ sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de mantenimiento del dragado del canal argentino-uruguayo Martín García, según un informe difundido por la cancillería del país vecino.
En la auditoría, el órgano fiscalizador indicó además que Uruguay debe evaluar la posibilidad de denunciar el caso en la Justicia y apunta la responsabilidad a la Argentina.
El tribunal había sido convocado en mayo por la cancillería uruguaya tras versiones periodísticas sobre supuestos hechos de corrupción en la extensión del contrato con la empresa Riovia, subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996.
En mayo pasado, el embajador itinerante Julio Baráibar renunció tras denunciar un presunto ‘intento de soborno‘ de parte de Argentina durante las negociaciones para el dragado del canal binacional Martín García, pero el presidente José Mujica no aceptó la dimisión.
Mientras se postergaban las negociaciones sobre el llamado a una licitación internacional para una nueva concesión para la profundización del dragado -que Uruguay y Argentina negocian desde hace meses- ‘se dejaron de adoptar las medidas necesarias para mejor negociar con Riovia SA la inminente prórroga del contrato‘, lo que llevó a que no se hiciera un concurso de precios y generó condiciones más beneficiosas a Riovia, indicó.
El informe atribuye la responsabilidad por esa situación a la delegación argentina al tiempo que afirma que los delegados uruguayos ante la CARP -creada en 1973- actuaron ‘tratando de preservar los intereses del país‘.