La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió ayer el primer pedido de per saltum para que intervenga en uno de los amparos contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno. La acción fue planteada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra la reforma al régimen de medidas cautelares.
El abogado fue a la Corte, según informó la prensa porteña, ante la negativa de la jueza Cecilia Madariaga de Negre de tratar su planteo al rechazarlo ‘in limine‘ (de plano), sin tratar el fondo de la cuestión, al aducir que no había un caso concreto que lo afectara. Gil Domínguez dijo que en el caso hay ‘gravedad institucional‘, uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación del per saltum.
El per saltum es un salteo de instancia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, adonde el abogado había apelado la semana pasada el fallo de la jueza. Madariaga de Negre es una jueza subrogante y para quedar de manera definitiva en su cargo depende de una firma de Cristina Fernández de Kirchner.
Esta semana la Corte rechazó un planteo del abogado Ricardo Monner Sans formulado en el marco de una vieja causa contra la anterior reforma al Consejo de la Magistratura, de 2006, que se encontraba apelada en el máximo tribunal. Dentro de este expediente, Monner Sans pidió que la Corte tratara la nueva reforma.
Para fundamentar la ‘gravedad institucional‘, Gil Domínguez recordó a la Corte la advertencia de la relatora especial de las Naciones Unidas para asuntos judiciales, que recomendó al Gobierno revisar el paquete de leyes que había enviado al Congreso y que ya fueron aprobadas.