El Gobierno convocó a intendentes y gobernadores de todos los municipios y las provincias a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y el control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 1050/2021, que estableció que los precios para 1.432 productos de consumo masivo se retrotraigan al 1 de octubre último y permanezcan así hasta el 7 de enero de 2022.
Lo hizo a través del decreto 745/2021 publicado ayer en el Boletín Oficial, que precisó que para el cumplimiento de los controles las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley 20.680 de Abastecimiento.