El Senado de la Nación aprobó ayer con reformas, y devolvió a Diputados, el proyecto de ley que propone un nuevo régimen de excarcelaciones y prohíbe el sistema de semi detención o de salidas transitorias para los imputados por delitos de homicidio agravado, de índole sexual y robo con armas, entre otros.
La iniciativa fue aprobada gracias a los votos del oficialismo y de una parte de la oposición, mientras que el sector kirchnerista del Frente para la Victoria votó en contra.
El debate cobró impulso tras el crimen de la joven Micaela García (21), cometido presuntamente por Sebastián Wagner (30), quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir solo dos años de su condena de nueve por dos violaciones.
El proyecto volverá a Diputados porque el pleno de la Cámara aceptó las modificaciones que se le introdujeron durante el debate que se llevó a cabo en la Comisión de Justicia al mediodía. Entre los cambios más importantes efectuados al proyecto está la exclusión de los delitos de homicidio simple, contra el orden económico y contrabando simple como causante para impedir al condenado acceder a los beneficios de las salidas anticipadas.
Los que sí quedaron fueron los delitos de tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda y despoblado, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población. Asimismo, se moderó la actuación del Servicio Penitenciario, que de acuerdo con el nuevo proyecto seguirá funcionando como auxiliar del juez de ejecución, pero sus informes no serán determinantes para el otorgamiento o no de salidas anticipadas, como proponía la reforma.
Otro de los cambios introducidos es que la víctima tendrá participación en toda la cuestión vinculada con el régimen de progresividad de la pena, ya que podrá controlar su ejecución por parte del juez y proponer informes o peritos.
La iniciativa aprobada ayer también excluye de las salidas transitorias a quienes posean una causa abierta y a los reincidentes. El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada.
Los delincuentes, al ingresar al establecimiento correccional, deberán ser evaluados psicológicamente para individualizar el tratamiento que deben seguir en la cárcel. Además, para poder ingresar en un régimen de ‘pre-socialización‘, el interno deberá poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios.
El Servicio Penitenciario corroborará el domicilio del imputado en el caso de que sea beneficiado con la posibilidad de dormir fuera del establecimiento.
Los imputados por delitos vinculados con explotación sexual deberán llevar una pulsera electrónica y en los casos en que sean beneficiados con visitas a familiares fuera del establecimiento, deberán ser acompañados por agentes del Servicio Penitenciario. En tanto, los condenados por delitos que ahora están excluidos del régimen de semi libertad tendrán que ser ingresados a un Régimen Preparatorio de Liberación un tiempo prudencial previo a cumplir su condena.
Finalmente, el proyecto de ley prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios y se asegura de que no puedan ser utilizados celulares que puedan ser ingresados de contrabando, ordenando el bloqueo de las señales telefónicas.
Con servicio gratuito de electricidad
La Cámara Alta aprobó ayer una ley que garantizará electricidad gratuita para aquellos usuarios que, por motivos de salud, la necesiten para vivir, informaron fuentes oficiales.
El proyecto de ley, que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados, crea, además, un registro de usuarios electrodependientes y obligará a las empresas distribuidoras eléctricas a entregar un electrógeno a los inscriptos y hacerse cargo del mantenimiento de los equipos. Las empresas contarán también con un teléfono de atención las 24 horas para emergencias.
La iniciativa garantiza además a este tipo de usuarios la provisión de grupos electrógenos en forma gratuita para cubrir los cortes en el suministro de electricidad. La iniciativa garantiza el suministro de electricidad de forma gratuita, permanente y con niveles de tensión adecuados a aquellas personas que lo necesitan para vivir, como por ejemplo aquellos que requieren de asistencia respiratoria mecánica en sus hogares.
Avanzan frenos a ‘probation’
La Cámara de Senadores aprobó ayer, y giró a Diputados, un proyecto de ley que modifica el Código Penal para impedir que la suspensión del juicio a prueba, o ‘probation‘, sea admisible cuando medie violencia de género.
La iniciativa fue apoyada por unanimidad y sin debate durante la sesión especial de ayer. El proyecto fue propuesto por la peronista entrerriana Sigrid Kunath quien, tras la votación, señaló que ‘se está a tiempo de poner punto final a una interpretación laxa de la ley y de la jurisprudencia que hace caso omiso no sólo a la realidad, sino a las normas de derecho’.
‘Si los jueces, ante la duda, deben estar a favor de la interpretación más favorable al imputado, despejemos cualquier incertidumbre dejando expresamente establecido que las mujeres que son víctimas de hechos de violencia no se encuentran en un pie de igualdad y no pueden negociar su propio futuro’, conjeturó Kunath. La ‘probation‘ puede ser pedida por el imputado en casos en los que las penas no excedan los tres años.
Modifican la tipificación de abuso sexual
Otro de los proyectos aprobados por la Cámara Alta, y que se convirtió en ley, es el que prevé modificar el Código Penal e incluir en la tipificación del abuso sexual la ‘introducción de objetos u otras partes del cuerpo’ del victimario en la víctima por vía anal, vaginal u oral.
La reforma mantiene la idea de reprimir con reclusión de seis meses a cuatro años al que abuse sexualmente de una persona cuando esta fuera menor de trece años o cuando medie violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia o autoridad.
La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias, hubiera configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Cuando en el abuso hubiera acceso por vía anal, vaginal u oral ‘o se realicen otros actos similares introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primera vías’, la sanción será de entre seis y quince años.
En tanto, la pena será de ocho a veinte años si, como resultado del abuso, la víctima recibiera un grave daño a su salud física o mental. La misma pena se aplicará si el hecho fuera cometido por un pariente, un religioso o un encargado de la educación o guarda de la víctima, si el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, si el hecho fuera cometido por dos o más personas o con armas o si fuera cometido por personal de fuerzas policiales o de seguridad. En este castigo se incluye a los casos en los que el abuso fuera cometido contra un menor de 18 años que conviviera con el violador.
Durante el debate hubo, al igual que en la sesión de Diputados, un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición por la crisis de Santa Cruz.
Contra el Ciberdelito
El Senado aprobó ayer por unanimidad y sin debate la adhesión de la Argentina al Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa (CE), adoptado en Hungría a mediados del año 2001 y que apunta a aplicar una política penal común para la lucha contra la ciberdelincuencia. El tratado, también conocido como Convenio de Budapest, obtuvo dictamen de comisión la semana pasada y fue puesto a consideración de los legisladores durante la sesión especial de ayer.