El ex secretario de obras públicas kirchnerista José López recibió otro revés de la Justicia. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento y la prisión preventiva contra el ex funcionario en la causa por enriquecimiento ilícito. López fue detenido cuando revoleaba bolsos con casi nueve millones de dólares hacia el interior de un convento en la localidad bonaerense de General Rodríguez.
Los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, con la disidencia parcial de Angela Ledesma, rechazaron un planteo de la defensa de López para que se volviera a revisar su situación procesal.
Según los magistrados existe "riesgo procesal" y de fuga y la posibilidad de “entorpecer el accionar de la justicia o sustraerse a su requerimiento”.
El procesamiento de primera instancia dictado por el juez federal Daniel Rafecas fue confirmado por la Cámara Federal, pero los abogados de López, Diego Martín Sánchez y Fernando Gabriel García, apelaron la medida ante el máximo tribunal penal del país.
“Se configuran en autos presupuestos de riesgo procesal que obstan a la concesión de la soltura anticipada, toda vez que de hacer lugar a la excarcelación de José Francisco López, se concluye que habrá de entorpecer el accionar de la justicia o sustraerse a su requerimiento”, destacaron en el voto mayoritario de Casación.
Desde la Cámara avalaron la decisión de Rafecas. “Se observa la existencia de elementos que sustentan la medida coercitiva oportunamente adoptada”, añadieron los camaristas. El tribunal consideró “todas las circunstancias que rodearon a la detención de López, esto es, conductas orientadas al ocultamiento de sumas millonarias de moneda extranjera y objetos de valor”.
En el dictamen los camaristas subrayaron la posibilidad de que López obstruya el proceso en la etapa de instrucción y producción de pruebas. “Además existen pruebas que aún están pendientes de producción y se valoró que esas maniobras clandestinas tenientes al ocultamiento de los valores provenientes del delito, permiten suponer, ante la cantidad de dinero incautado en poder del imputado, una conducta no solo obstruccionista de la acción de la justicia, sino también, la existencia de un peligro de fuga cierto”, concluyeron.
El fallo despeja de manera prácticamente total el camino para la elevación de la causa a la etapa de juicio oral y público.
La resolución fue firmada el 19 de enero pasado, en plena feria judicial, pero recién fue divulgada hoy.
Fuente: DyN