La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la ampliación del procesamiento contra Aníbal Fernández en la causa de Fútbol para Todos donde se lo acusó de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. Además, el juez Martín Irurzun quien intervino en la votación, instó que llamen a declarar a Pablo Paladino sobreseído, pero ahora en carácter de testigo, para que diga qué rol tuvo Carlos Zannini en toda la relación con la AFA, ya que en los medios de comunicación dijo que “manejaba todo” respecto a FPT.
La jueza federal María Servini había procesado a Aníbal por “irregularidades en la contratación con el único auspiciante, la firma de camiones Iveco”. En diciembre pasado, la ampliación de ese procesamiento convirtió al acusación en una “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La causa, que confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, es la segunda parte de la investigación sobre el programa Fútbol Para Todos, y se centró en el contrato con la automotriz Iveco, que pagó con camiones y dinero parte de las publicidades de los partidos en el marco de FPT por $ 28 millones. El convenio, según el expediente, estuvo a cargo de Gabriel Mariotto, que se desempeñaba como coordinador del programa.
La Justicia determinó que se llegó al trato a través de un “acuerdo entre Aníbal Fernández y el Sr. Natale Rigano, que fuera materializado en principio en una reunión, dejando pendientes algunas cuestiones, como las respectivas autorizaciones internas de la empresa, y los detalles a sus subalternos materializándose encuentros y cruces de correos electrónicos”.
Después de la declaración del ex CEO de Iveco, Natale Rigano, quien señaló que la negociación por la contraprestación en minutos de aire en el programa Fútbol para Todos era con la Jefatura de Gabinete de Ministros, la magistrada decidió realizar nuevas indagatorias que le significaron a Aníbal Fernández una ampliación en su procesamiento inicial, ahora por administración fraudulenta.
“Considero que los elementos reunidos bastan para tener por acreditado que el acuerdo celebrado en 2010 por el Dr. Fernández y el Sr. Rigano, significó menores ingresos para el Estado que aquellos que en principio podía obtener a través del producto comercializado”, señaló el juez Bruglia en su voto.
Asimismo, sostuvo que las sucesivas renovaciones -que partieron de la misma ecuación-, la Jefatura de Gabinete “habría continuado sin percibir en lo subsiguiente un precio adecuado por aquel derecho exclusivo”.
El camarista indicó que el precio abonado por IVECO “no se corresponde con los segundos de publicidad televisiva que se le otorgaba en los respectivos contratos, de conformidad con el parámetro establecido en las escalas tarifarias”.
En consecuencia, de los $ 9.000.000 pretendidos en un principio por el Estado -que en principio se acercarían más al valor del producto-, “se estipuló finalmente el pago de $ 7.000.000”, explicó Bruglia.
Por su lado, el juez Irurzun que coincidió con su par, planteó que “hubo diversas irregularidades”, una de ellas respecto a los convenios firmados con IVECO el 27 de febrero 2015 se observó que del precio de $ 28.000.000 a recibir por el Estado, $8.400.000 se pagarían en dinero y $11.200.000, en camiones y furgones 0 km.
“Ninguno de los encargados de resguardar los intereses del Estado se ocupó siquiera de preguntar dónde estaba aquello que se le debía, según lo convenido por Aníbal Fernández y Natale Rigano”, indicó Irurzun.
Al analizar el rol que tuvo el ex jefe de Gabinete por la firma de convenios con Iveco se señaló que los mismos “no se sujetaron a la normativa legal, no fueron precedidos de licitación alguna, entregando como parte de la contraprestación pagos en especie sin encontrarse acreditada la necesidad previa estatal de ello, y sin guardar relación los conceptos facturados y los segundos publicitarios contenidos en los distintos acuerdos con los cuadros tarifarios y/o paquetes tarifarios del programa “.
En la ampliación del procesamiento confirmado hoy por la Cámara Federal porteña, la magistrada señaló que hubo una “simulación en los contratos suscriptos con “IVECO Argentina S.A.”, el primero de ellos por Fernández, por lo que consideró que debía procesarlo por “defraudación a la administración pública”, calificación que confirmó la Cámara.
La Causa
La causa se inició en 2014 por la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, sobre irregularidades en el manejo de fondos en FpT. Se investigó el desvío de fondos públicos por alrededor de 170 millones de pesos, que se habrían gastado sin ninguna justificación. Los ex funcionarios y los dirigentes están sospechados de haber participado de la contratación de productoras de TV cercanas al kirchnerismo y facturaciones irregulares, entre otras maniobras.
Según el expediente, desde 2009 el Gobierno le dio a la AFA alrededor de 9 mil millones de pesos para poder transmitir los partidos de fútbol, mientras “los clubes recibían los fondos en forma discrecional y muchos canjeaban los cheques en determinadas cuevas financieras”. En paralelo, no se aplicaron los respectivos controles para que “los clubes sanearan sus cuentas, pese a que eso figuraba en el contrato original que firmó el Gobierno con la AFA”.
La deuda global de los clubes ascendió a 2.500 millones de pesos, y desde 2009 “se incrementó notablemente”, por ello la Justicia consideró que no hubo ganancias para el Estado aunque sí gastos. Durante esos años, hubo un solo anunciante privado, Iveco, que fue denunciado por canjes irregulares por camiones que entregó al Gobierno.