Tras su pedido, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le informó al fiscal electoral Jorge Di Lello que los presuntos aportantes falsos de Cambiemos son o fueron, tal como se creía, beneficiarios de planes sociales.
Di Lello pidió este informe como parte de una investigación preliminar que abrió para averiguar si en las últimas elecciones Cambiemos declaró aportantes que en realidad no eran tales. A Desarrollo Social le preguntó si cobran o cobraron planes sociales los supuestos autores de 205 donaciones dudosas.
Según fuentes de la investigación, la respuesta fue que de las 199 personas que aparecían como autores de esos aportes Desarrollo Social pudo identificar en sus registros a 153, porque había 18 nombres repetidos, 27 casos "ilegibles" y uno no registrado. De los 153, hay 125 (81,7%) que tienen planes activos hoy, 17 con planes dados de baja (11,1%) y 11 (7,2%) con planes suspendidos. Todos ellos son o fueron beneficiarios de los Argentina Trabaja, Ellas Hacen o Hacemos Futuro. Casi todos, desde 2009, 2010 o 2013.
Di Lello inició su investigación hace poco más de un mes basado en una nota periodística. Según esa publicación, Cambiemos usó a beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero en la campaña de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires de 2017. La primera nota daba cuenta de 205 casos. Sobre ellos pidió los informes Di Lello.
Nada impide que quien cobra un plan haga un aporte, y cuando se conoció el caso en Cambiemos alegaron que no está previsto que se cruce, como control, la lista de donantes con la de beneficiarios. Pero lo denunciado es que, teniendo las listas, se utilizaron los nombres.
Di Lello también solicitó a la Gendarmería un estudio de campo para constatar las condiciones de vida de un grupo al azar de los aportantes sospechados. De lo informado hasta ahora surge que se trata, en general, de gente de bajos recursos.
De acuerdo con las reglas que rigen el financiamiento de los partidos, en materia electoral el máximo castigo posible -de constatarse que hubo donantes falsos- es la pérdida total de los aportes estatales de campaña para elecciones futuras. Y no son responsables las máximas autoridades partidarias ni los candidatos, sino quienes fueron declarados por las agrupaciones como los responsables económicos de cada campaña.
Hoy, la Justicia Electoral no tiene competencia para juzgar delitos electorales. Por eso, en paralelo, pueden avanzar causas penales si esos incumplimientos son además delitos (como falsificación de documento público o lavado de dinero). Fue el caso de la causa abierta contra Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña presidencial kirchnerista de 2007, sospechada de haber contado con fondos provenientes de la mafia de los medicamentos.