El ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó como “inadmisible” el robo de 26.000 balas calibre 32 y 9 milímetros en el Batallón de Arsenales 603, en la ciudad de Santa Fe. Desde la oposición responsabilizaron a La Cámpora y el jefe de Ejército, César Milani, por el faltante de armamento militar.

En conferencia, Rossi calificó como una “situación inadmisible” lo sucedido en el Batallón de Arsenales 603, y ratificó el cierre de la dependencia y el pase a retiro del director de arsenales del Ejército, coronel Hugo Víctor Meola.

Por otro lado, para el diputado nacional Julio Martínez (UCR) la agrupación kirchnerista La Cámpora, “por intervenir Fabricaciones Militares”, y el jefe de Ejército, Cesar Milani, “son los responsables del robo de armamento y munición militar”. El legislador alertó que “preocupa que parte (del arsenal sustraído) alimente a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico”.

“Lo que sucedió en 603 es una situación inadmisible, no se puede tolerar; había que tomar una decisión drástica para mandar una señal fortísima hacia el interior de las tres fuerzas armadas”, reconoció Rossi. Además, anunció que Milani fue encomendado a “que la totalidad de armas, municiones y otros elementos sean relocalizados en otras unidades militares”.

También instruyó el Jefe del Ejército a “crear una Base de Apoyo Logístico y una Unidad Militar de Emergencias” en las instalaciones que hasta el día de ayer ocupaba el Batallón 603.

La investigación por el robo de las municiones militares está a cargo del juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, luego de una denuncia realizada por el Ejército a fines del año pasado, cuando se descubrió el faltante de las balas.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el jueves pasado se envió un oficio al Batallón 603 para que realice un relevamiento del faltante. Rossi aseguró que el arsenal faltante “es un porcentaje menor” con relación al total, y puntualizó que se sustrajeron 18.800 balas 9 milímetros y 8.000 municiones calibre 32.

Martínez, por su lado, manifestó su preocupación de que “parte (del arsenal sustraído) alimente a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico”, y criticó la “escandalosa desaparición de armamento que se viene sucediendo a lo largo de estos últimos 10 años”. Recordó que “en importantes unidades del Ejército y la Fuerza Aérea se registraron graves hechos que involucraron municiones, proyectiles y armas de puño y de guerra, que luego se contrabandean al exterior o terminan en manos de delincuentes locales”.

A su vez, mencionó el robo de un misil TOW 2 del Escuadrón de Caballería Blindado 1 de Arana, denunciado ante el juez federal de La Plata Laureano Durán, y advirtió que “sorprende” que “por el volumen sustraído, difícilmente puede haberse realizado sin la complicidad de mandos de las Fuerzas Armadas”.

La intendente de Rosario, Mónica Fein, informó que en esa ciudad “se produjeron aproximadamente cien muertes por la utilización del calibre 9 milímetros”. “Sabemos que es el arma preferida de los delincuentes”, agregó. Por último, tanto el senador nacional por el partido socialista, Rubén Gustiniani, como el diputado nacional por la Coalición Cívica, Pablo Javkin, presentaron ante el Congreso pedidos de informes para que el Gobierno nacional brinde detalles sobre la sustracción del material militar.