El Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso sanciones para 154 policías que estaban obligados a presentar la declaración jurada de bienes y no lo hicieron luego de dos plazos que se les habían concedido, y ahora serán investigados en busca de determinar si están involucrados en algún delito.
Del total de 6.341 policías obligados a presentar las declaraciones juradas vencido el plazo establecido habían quedado sin hacer la presentación unos 390 policías por lo que Seguridad resolvió prorrogar el plazo por otros 30 días. Cumplida esa extensión, finalmente fueron 154 los uniformados que no se adecuaron a la exigencia legal que serán investigados ante la Unidad de Información Financiera (UFI) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), informaron desde la cartera de seguridad.
La medida fue dispuesta en el marco del decreto 116 firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal en marzo y que obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar anualmente su declaración patrimonial.
Para el caso de los integrantes de la fuerza de seguridad el decreto obliga a declarar bienes a uniformados con rango igual o superior al de Subcomisario o equivalente, personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría, personal que maneja fondos públicos o que administre patrimonio público.
En el marco de la declaración que exige el gobierno bonaerense, el comisario general Néstor Martín, jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa, admitió tener un patrimonio de $4.022.108. Entre los bienes que posee figuran siete con una valuación fiscal de $1.500.332.