En la batalla contra la corrupción es clave que la ciudadanía sea consciente de que es “víctima” de esas prácticas, asegura la nueva presidenta de Transparencia Internacional (TI), la argentina Delia Ferreira.
Doctora en derecho y con 30 años de experiencia en la lucha contra la corrupción, dirige desde octubre una ONG de referencia en este ámbito y, en una entrevista con la agencia de noticias Efe con motivo de la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción, se siente “optimista”, pese al “desafío” al que se enfrenta.
“La corrupción como problema social muchas veces genera víctimas que no son conscientes de que son víctimas”, asegura. A su juicio, algo “se está moviendo”, pero es necesario que este impulso se consolide, para lo que es preciso que la ciudadanía se una a activistas y periodistas.
“La gente pregunta: ¿Y yo qué hago?”. Para empezar, no vote corruptos”, dice Ferreira, que denuncia las habituales excusas de “Todos son iguales” y “Roban, pero hacen”, que sólo generan impunidad.
Argumenta que no basta con cambiar las leyes, hace falta un “esfuerzo en educación cívica de la ciudadanía”, dando “ejemplo desde arriba”, para implantar una cultura de “tolerancia cero”. “Hay que cambiar la cultura y la percepción de la propia gente sobre su responsabilidad”, señala.
Ferreira destaca que cada vez es más evidente la correlación entre la corrupción de un país y los índices de felicidad y bienestar, desarrollo humano, fortaleza institucional y libertad de expresión.
“En los países más corruptos el espacio para la prensa y la libertad de expresión está absolutamente reducido, como el espacio para el acceso a la información”, apunta, convencida de que bajar la protección a los medios implica “dañar al estado de derecho como un todo”.
Periodistas y activistas son “los enemigos de los corruptos” y “los primeros que están en la línea de fuego, a veces literalmente”, agrega, algo en lo que es “paradigmático” México. Además, algunos estados están empezando a “cercenar la libertad de expresión del ciudadano de a pié” a través de internet censurando contenidos, bloqueando servicios y recurriendo a “trols, bots y todo tipo de mecanismos a su disposición”.
En los países más transparentes, si aparece un caso de corrupción, “hay una reacción institucional y social”. Un ejemplo es Uruguay, señala Ferreira, y recuerda el caso del exvicepresidente Raúl Sendic, que fue obligado por su partido a renunciar tras descubrirse que empleó la tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap para gastos personales.
En el extremo contrario sitúa a Venezuela: el presidente surge de unas elecciones “donde la empresa encargada del sistema dice que le pusieron un millón de votos”. Ferreira considera que en la crisis venezolana “la comunidad internacional debería tratar de ser más sólida impulsando alguna reforma”.
Fuente: Efe