La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la Inspección General de Justicia (IGJ) a satisfacer un pedido de información pública sobre la sociedad ex Ciccone Calcográfica, que supuestamente quiso comprar Amado Boudou, por lo cual el vicepresidente de la Nación terminó procesado. El fallo del máximo tribunal del país rechazó un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Tribunal también ordenó al Gobierno nacional a dar información sobre la licitación pública para la construcción de las represas ‘Presidente Néstor Kirchner‘ y ‘Gobernador Jorge Cepernic‘, en la provincia de Santa Cruz. Se trata de establecer presuntas irregularidades en el proceso de licitación.
