El gobierno de Chubut instrumentó ayer una serie de medidas para agilizar la expulsión y prohibición del ingreso a la provincia de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados, tengan antecedentes penales o condena no firme por delitos porque, según el ministro de Gobierno local, Federico Massoni, "no podemos permitir la delincuencia importada".
El gobernador Mariano Arcioni firmó el decreto que dispuso desde ayer a través del Ministerio de Gobierno "la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero".
Massoni explicó que "la realidad actual de Chubut demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjeros".
En rueda de prensa, el ministro de Gobierno señaló que "si bien todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias, contarán con todo el apoyo, aquellos que tienen la intención de delinquir, no van a poder ingresar a Chubut".
El funcionario sostuvo que los "chubutenses no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio; y que cuando, con el esfuerzo del Estado, cada ciudadano aporte para mantenerlos".
El decreto del gobierno chubtense indicó también en su artículo segundo que se impulsa "desde el Ministerio de Gobierno la gestión y formalización de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación".
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en tanto, analizó el decreto y explicó: "Es inconstitucional porque según nuestro sistema federal el manejo de las relaciones exteriores, esto estaría dentro del mismo, es del gobierno federal. De lo contrario el país sería una confederación con derecho de secesión".
"Las provincias no pueden adoptar decisiones territoriales como si estuvieran escindidas del Estado federal. Esta es una de ellas", detalló Gil Domínguez, y agregó: "Disponer de la expulsión de extranjeros transformaría a Chubut en una provincia secesionista. En este caso, tendría un territorio totalmente escindido del territorio federal y del resto de las provincias. Establecería una especie de frontera o aduana respecto de las otras provincias y el Estado federal. Es una barbaridad".
Ante la consulta de si existía algún antecedente en el país de una resolución similar de alguna provincia, el constitucionalista respondió: "No recuerdo. Quizás antes de 1853".
El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que elabora todos los años el Ministerio de Justicia detalla que en establecimientos carcelarios manejados por el gobierno de Chubut, el 96 por ciento (426) de las personas presas (con o sin condena) eran argentinas y el 4 por ciento (25) extranjeras. Según ese informe, en 2017 había en Chubut 1.141 personas presas (619 en cárceles federales, 451 en provinciales y 71 en comisarías).
La decisión de la provincia va en línea con la postura del Gobierno nacional que desde hace tiempo manifiesta su voluntad de "expulsar a los extranjeros" que delinquen en la Argentina, tal como ocurrió con el motochorro colombiano que pagó $700 para obtener la libertad. Esta caso provocó el enojo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien cargó contra la magistrada Patricia Guichandut.
"Estoy un poco caliente", había dicho Larreta sobre la decisión de la magistrada, que liberó al motochorro a las 24 horas. Sin embargo, luego de los cruces políticos -donde hasta el presidente Mauricio Macri cuestionó el accionar de la Justicia- se decidió recapturar al delincuente y expulsarlo del país.