El Gobierno realizó una solicitud ante la Justicia Federal para que se investigue en profundidad el sospechoso accionar de los abogados Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Por estos días González Quintana, quien viajó junto a Cabaleiro a Chubut en septiembre de 2017 alegando que ambos eran representantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), está sujeto a un proceso disciplinario por parte del Tribunal de Disciplina de Córdoba. En este marco y distanciándose de él, la APDH nacional elaboró un documento donde se confirma que no integra ni ha integrado el organismo.
En el pedido, que lleva la firma del doctor Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se le requiere al juez federal Gustavo Lleral que sean respondidas una serie de dudas en relación al comportamiento de los abogados.
El fin último sería darle fundamento a una causa posterior en su contra por afectar seriamente la imagen del país en el exterior, generar enormes gastos operativos y actuar por fuera del mandato profesional entregando a la Justicia información no veraz. Los abogados podrían arriesgar onerosas multas, condenas y posiblemente la pérdidas de sus licencias.
En el Gobierno están convencidos de que ambos profesionales ofrecieron a la Justicia y organismos internacionales informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron a la investigación. También los consideran directos responsables del documento que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU en el cual se aseguraba que el artesano había sido víctima de una “desaparición forzada” por parte de Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017. Para ello presentaban los testimonios de Matías Santana y del llamado Testigo E (Lucas Naiman Pilquiman) donde estos relataban que habían visto cómo golpeaban y se llevaban al tatuador desde la orilla del río Chubut.
En la presentación, a la que tuvo acceso Clarín, Soto deja entender que es evidente la construcción de un relato por parte del abogado que prácticamente le va dictando una secuencia a Ariel Garzi (amigo de Maldonado) durante una conversación telefónica. En ese intercambio se elabora el "testimonio" del joven a dos voces.
Se trata de una de las grabaciones que el juez Lleral había ordenado destruir, decisión que fue objetada por la fiscal federal Silvina Avila. "Las comunicaciones se realizaron entre Garzi y el imputado para que el primero le contara y ‘cerrara’ (fs. 44) el relato de cómo habían sido los hechos que había presenciado Lucas Pilquiman", indica Soto.
El documento tiene como expectativa demostrar fehacientemente que los abogados actuaron por fuera de la normativa y éticaque rige la profesión, generando además gastos en millones de pesos y principalmente un grave prejuicio a la imagen internacional del país. El ministerio busca determinar, por ejemplo, si "el Estado Argentino, en base a las medidas cautelares dictadas, debió llevar adelante acciones que hayan implicado erogaciones dinerarias", señala el pedido.