El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer que el vicepresidente Amado Boudou; el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otras nueve personas, entre ellas el empresario Alejandro Vandenbroele, declaren como acusados por el ‘rescate‘ de la ex Ciccone Calcográfica que imprimía billetes para la Casa de Moneda.

Di Lello solicitó ayer a la Justicia que cite a declarar como imputado a Boudou por presuntas ‘negociaciones incompatibles‘ con la función pública en un caso de corrupción. El fiscal acusa a Boudou de haber usado su cargo de ministro de Economía (2009-2011) para beneficiar a la imprenta Ciccone Calcográfica. Tras dos años de investigación, el fiscal solicitó también la declaración indagatoria del jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por presunto trato preferencial a esta compañía de impresión de papel moneda.

En julio de 2010 un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone a petición de la AFIP por deudas impositivas, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después a solicitud de la propia empresa tras haber negociado con el Fisco un plan de pagos.

Después de levantar la quiebra, la compañía quedó en manos de la sociedad The Old Fund, que estaba presidida por Alejandro Vandenbroele, señalado como ‘testaferro‘ del vicepresidente, un vínculo negado por Boudou. En su escrito, Di Lello pidió también que se investigue cómo consiguió The Old Fund los fondos con los que adquirió parte de las acciones de Ciccone, rebautizada como Compañía Sudamericana de Valores.

Ante este panorama, varios medios observaban que tras el llamado a indagatoria de Boudou, la interna por ubicar al número tres en la sucesión presidencial empezaba a tomar protagonismo. En ese sentido, mencionaban que el exgobernador santiagueño Gerardo Zamora o Aníbal Fernández tenían chances de ser nombrados como presidente provisional del Senado, el número tres de la sucesión presidencial (el número dos es Boudou, vicepresidente y presidente del Senado).

Mientras representantes de la oposición reclamaban la renuncia de Boudou, el constitucionalista Gregorio Badeni estimó que Boudou no posee ‘los fueros de los legisladores porque es miembro del Ejecutivo‘, pero aclaró que ‘el juez no puede obligarlo a declarar por la fuerza pública‘ excepto que sea ‘removido por Juicio Político o renuncia‘.