El viernes, a mediodía, desde la sureña San Rafael, Francisco Pérez hizo el anuncio de una especie de muerte anunciada. Cumpliendo con las instrucciones de la Rosada y apelando a argumentos similares a los de otras provincias petroleras, rescindió concesiones en 2 áreas menores de la explotación petrolera de
YPF imputándola de no haber cumplido con los cronogramas de inversión y perforación, que mejoraran las bajas de rendimiento que hoy padece el país en su provisión de combustibles.
En el rostro del joven Paco -que vive el complejo proceso de construcción de su poder propio- había claramente una carga de tensión que, sin embargo, excedía el asunto petrolero (que de todas maneras implica más de 1.000 millones de pesos en regalías para la provincia).
No había alcanzado aún a apaciguar a un grupo de intendentes del cuño justicialista, que imprevistamente lo apretaron con la apertura a la minería metalífera, anhelando los recursos escasos hoy y que les permitiría atender las necesidades de los vecinos antes los que ponen el rostro cotidianamente. Y fue cuando sobrevino para sus tribulaciones -tal vez el peor momento en su luna de miel con el poder- casi la Tormenta Perfecta. Una seguidilla trágica de asaltos, asesinatos y muertes en manos de delincuentes (la mayoría de ellos procesados y condenados en libertad de excarcelaciones y hasta una perpetua con salida temporaria), que sumieron a la gente en una angustia renovada y a las calles de la ciudad en un reclamo multitudinario por protección contra ‘los delincuentes libres y los vecinos presos‘.
Hubo marchas de miles de vecinos aterrados en el centro y en los departamentos de donde eran oriundas las víctimas y sus familias. Nadie pedía venganza, ni Ley del Talión. Ni siquiera pena de muerte. Querían protección del Estado en el que no confían y a la Justicia sosteniendo al delincuente en la cárcel. Pero, poco a poco fue en estos días de horror y miedo, la responsabilidad política de los últimos 4 o 5 gobiernos locales, que pese a que fue unánimemente planteada una Navidad de 1998 -ante una crisis institucional de seguridad y de la policía corporativa contra el poder político- en realidad, se esfumó en los sucesivos cambios de gobierno y en la reiteración de otras crisis parecidas. En aquellos días del 98 y con las calles atestadas de policías rebeldes contra el poder político y la gente aterrada, toda la clase política suscribió un acuerdo para una reforma integral de la Seguridad y una Política de Estado que debía comprometer a cualquier gobierno posterior, con las debidas actualizaciones periódicas. Incluyó en 48 horas 2 o 3 leyes de la Legislatura con nuevas instituciones en la justicia penal, en la ‘Nueva Policía‘ y en las instituciones de la comunidad que debían ser organizadas en la defensa de sus propios destinos (control barrial, consejos consultivos, comisiones bicamerales, Consejo Provincial de Seguridad, etc). Luego se sucedieron los cambios de gobierno entre radicales y peronistas y las crisis de la muerte y de la delincuencia en las calles, tuvo esporádicas explosiones, que les costó a Lafalla, a Roberto Iglesias, a Julio Cobos y al inefable Celso Jaque (que arrancó el gobierno prometiendo que en unos meses iba a bajar al 30 % los índices delictivos), una docena de ministros de Seguridad, 8 directores de la cárcel y un montón de espasmos coyunturales ante la emergencia. Se multiplicó el presupuesto de Seguridad. Pero la estructura de la Política de Estado que se acordó en 1998, fue quebrándose en parcialidades. Hubo otro Plan Quinquenal en 2002-2007 cuyos objetivos (justicia, policiales e institucionales) en realidad no llegaron a concretarse ni en un 30 %. Luego en 2006, a Julio Cobos universidades y organismos técnicos -incluidos internacionales- le entregaron al que luego sería vicepresidente, un Plan Estratégico de Seguridad (completísimo, de alta especialización).
El segundo del equipo era Carlos Aranda, actual ministro de Seguridad de Francisco Pérez. La semana pasada, Paco se paró frente a los micrófonos y reconoció que la clase política no había cumplido con la responsabilidad de consolidar una Política de Estado sobre Seguridad en los últimos 14 años. A su lado, Carlos Aranda les pidió perdón a los padres de los jóvenes asesinados en la calle. Ambos han prometido de inmediato asumir la ejecución de lo que se disipó entre tanta desidia y tanto llanto.