La Cámara Federal de Casación revisará el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa y atenuó la acusación contra los empresarios en la causa por la multimillonaria deuda del impuesto a los combustibles líquidos de la petrolera “Oil Combustibles”, dijeron ayer fuentes judiciales.
El máximo tribunal penal del país revisará la decisión de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah (el tercero, Leopoldo Bruglia, votó en disidencia), quienes el 16 de marzo pasado cambiaron la acusación de “defraudación contra la administración pública” a “apropiación indebida de tributos” y revocaron las prisiones preventivas de López y De Sousa.
Si bien confirmaron parcialmente los procesamientos (entre ellos el del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray), los jueces resolvieron entonces que los acusados debían ser investigados por delitos tributarios. Ahora, Ballestero y Bruglia declararon “admisibles” las apelaciones contra su propio fallo.
Bruglia estimó que “el cambio de calificación” (resuelto por sus colegas Ballestero y Farah) “podría acarrear en la especie”, en la “extinción de la pretensión punitiva” y “frustrar” la expectativa de una eventual condena penal.
Por eso, el fallo será ahora revisado por la Sala I de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa.
La deuda impositiva por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, percibía pero no descargaba luego en la AFIP.
La maniobra habría abarcado un monto cercano a los 8.000 millones de pesos, que se compone de la detracción de los pagos de capital efectuados y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió Oil Combustibles S.A, monto que, con intereses, sumaría más 17.000 millones de pesos.
En este marco, la Cámara Federal de Casación tendrá que analizar el pedido para detener a Echegaray, formulado por el fiscal Germán Moldes. Mientras tanto, Ballestero y Farah son investigados en el Consejo de la Magistratura a raíz de una denuncia presentada en su contra luego de firmar el fallo que liberó a los empresarios.
Además, el presidente de la comisión de Disciplina y Acusación de ese cuerpo, el diputado macrista Pablo Tonelli, solicitó ayer que se analice la declaración jurada, tanto el anexo público como el reservado, de Ballestero.
El pedido de Tonelli está vinculado con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien aseguró que “se cobraron coimas” para habilitar la excarcelación de López. El objetivo del análisis de la declaración jurada de Ballestero es obtener indicios del supuesto enriquecimiento que denuncia Carrió, o desestimar esa posibilidad.
Carrió también había mencionado en su presentación al camarista Eduardo Farah, al citar una nota del periodista Ricardo Roa, publicado en Clarín el 19 de marzo, bajo el título “Cristóbal López busca otra ayuda judicial”, en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia, quien según Roa sería nexo entre el juez y Cristóbal López. Por eso, a Farah también le analizarán su declaración jurada.
Inhibición de bienes para Ideas del Sur
La Justicia Comercial dispuso la convocatoria de acreedores de la productora “Ideas del Sur S.A.”, fundada por el conductor Marcelo Tinelli pero que luego se integró al Grupo Indalo, de Cristóbal López. El juez Javier Cosentino fijó como plazo fines de mayo para la presentación de los acreedores, y mediados de septiembre para que el síndico designado eleve el informe con las acreencias de la productora. Como es de rigor, el juez dispuso que la inhibición de los bienes de “Ideas del Sur” y la obligatoriedad de que la productora publique durante cinco días en el Boletín Oficial y en el diario Clarín el concurso preventivo. También se disposo la creación de un “comité de control” integrado por tres de los principales acreedores: la AFIP, “Ideas Sport S.A.” y “La Corte S.A.”.
Fiscal no quiere juntar las causas Báez
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Raúl Pleé, dictaminó ayer que debe juzgarse por separado a la expresidenta Cristina Kirchner y al detenido empresario Lázaro Báez, en las dos causas que ya fueron enviadas a juicio oral, en un dictamen entregado a la Cámara. Pleé advirtió que la causa en la que la expresidente está procesada por asociación ilícita y administración fraudulenta -a raíz del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz- podría en un futuro unirse en un mismo juicio con otras dos, Hotesur y Los Sauces. Por ello, recomendó a la sala IV de la Cámara de Casación que mantenga separado el juicio por la obra pública del que se hará al detenido Lázaro Báez y sus cuatro hijos, por “lavado de activos” en la llamada ruta del dinero K.