Tres gremios fueron condenados a indemnizar con 700 mil pesos a un oficial de la Policía Federal que en noviembre de 2007 fue agredido durante una protesta frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El agresor no pudo ser identificado pero el juez del caso entendió que hay una responsabilidad solidaria de las tres entidades que convocaron a la marcha.
La condena recayó en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Sindicato de Choferes de Camiones y el Sindicato de Conductores de Taxis de la Capital Federal, que en la causa judicial negaron cualquier responsabilidad en el hecho. Se trata de un fallo de primera instancia que los gremios pueden apelar para que sea revisado por la Cámara Civil.
El hecho ocurrió la tarde del 12 de noviembre de 2007 cuando en la Legislatura porteña se trató un proyecto de ley para fijar un sistema de puntos para regular las licencias de conducir.
Los gremios marcharon en repudio y la jornada terminó con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Uno de los heridos fue Christian Ariel Sorge, oficial de la Policía Federal que custodiaba la Legislatura y que entonces tenía 28 años. Denunció que fue agredido con piedras y palos que le provocaron traumatismo de cráneo y en la mandíbula, heridas y distintas lesiones por las que estuvo internado en el Hospital Churruca.
Sorge demandó a los gremios por daños y perjuicios. En la causa judicial, que tramita el juez civil de primera instancia José Luis Bournissen, los sindicatos negaron los hechos. La UTA, a cargo de Roberto Fernández, y el sindicato de Camioneros, de Hugo Moyano, dijeron que hubo una manifestación de gremios del transporte, que sus dirigentes fueron a la Legislatura a llevar un petitorio y que luego se retiraron, por lo que ninguno de sus asociados participó de las agresiones. Y señalaron que no se puede responsabilizar a los gremios, sino que debe individualizarse a la persona que agredió al policía.
Por su parte, el sindicato de taxistas de Omar Viviani dijo que el gremio no participó de la marcha.
“La producción del hecho ilícito también se encuentra corroborada por las filmaciones obtenidas por los noticieros en las que se puede visualizar a los grupos de manifestantes con chalecos y banderas con las que se identifican los gremios demandados agrediendo al personal policial”, les respondió el juez a los gremios en su fallo.
Los incidentes tuvieron una causa penal en la que ocho manifestantes fueron enviados a juicio oral y público y que acordaron una probation, que es suspender el expediente para hacer tareas comunitarias durante un tiempo.
En la investigación no se pudo determinar quién o quiénes atacaron al policía Sorge. “Pero los responsables son los organizadores de la marcha ya que el agresor tuvo impunidad para protegerse dentro de esos grupos, por eso todos tienen que responder. El deber de los gremios, si actuaran de buena fe, sería de individualizar al agresor, o al menos colaborar. Y no fue así, la agresividad contra la policía parte de la propia organización”, le dijo Osmar Domínguez, abogado del oficial y especialista en derecho de daños.
En esa línea resolvió el juez civil. El magistrado explicó que la responsabilidad colectiva es “un daño de autoría anónima, que se configura sobre todos los integrantes de un grupo determinado de personas, por el daño causado por alguno de sus miembros, cuando no ha podido individualizarse el autor”. Y agregó que “sólo uno o algunos de los sujetos integrantes del grupo ha producido el daño, pero la posibilidad de que cualquiera de ellos, indistintamente, haya sido el agente, determina la presunción de causalidad en contra de todos, hasta tanto se demuestre lo contrario”.
“El factor de imputación es objetivo y no es otro que el riesgo creado por la actuación anónima del grupo, por lo que el sindicado como responsable no le alcanza, para eximirse, con probar el obrar diligente de su parte ya que su obligación de resarcir hace abstracción de la idea de reproche subjetivo”, concluyó.
Así, el juez entendió que la responsabilidad por los daños que sufrió el policía era de los tres gremios que convocaron a la marcha y participaron de los incidentes.
El magistrado fijó una indemnización para Sorge de 695.200 pesos más los intereses desde el hecho por los daños que sufrió que debe ser pagada por los sindicatos en 10 días. Sin embargo, los gremios tienen la posibilidad de apelar la decisión a la Cámara Civil para que sea revisada.