El extitular del SOMU Omar “Caballo” Suárez perdió ayer el beneficio de prisión domiciliaria y volvió anoche a la cárcel por decisión de la Cámara Federal porteña, que por el resultado de una junta médica determinó que el cuadro clínico del sindicalista puede ser atendido en prisión.
Suárez fue trasladado anoche pasadas las 20.30 al penal de Ezeiza luego de haber sido beneficiado con arresto domiciliario desde el 29 de diciembre último, a instancias del juez Luis Rodríguez, quien subrogó en ese momento a su colega, Rodolfo Canicoba Corral.
El fallo del magistrado se había basado en un informe que daba cuenta del problema de alcoholismo de Suárez, aunque el fiscal Gerardo Pollicita puso en duda el alcance de esa enfermedad.
“La condición de salud de Suárez “verificada en los datos e informes médicos periciales obrantes en autos- demuestra que el nombrado ha recibido- dentro de las limitaciones que lógicamente implica el encierro en una dependencia carcelaria- la atención adecuada respecto a sus dolencias, más allá de los intentos de su asistencia técnica en demostrar lo contrario”, evaluaron los jueces.
Los camaristas de feria Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia resolvieron ayer poner fin al arresto domiciliario -con tobillera electrónica en la casa de una de sus hijas en la localidad bonaerense de Olivos- que cumplía Suárez, procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita que extorsionó a empresarios del sector y cometió defraudación en la obra social del gremio.
Durante algo más de un año, desde septiembre del 2016 hasta diciembre pasado, el sindicalista cumplió prisión en la prisión de Marcos Paz, pero ahora será derivado a Ezeiza porque los magistrados entendieron que el Hospital Penitenciario Central, que funciona allí, cuenta con una “mayor complejidad asistencial” para dar respuesta a un eventual caso de urgencia.
En los últimos días, Suárez fue sometido a estudios y pruebas realizados por la Unidad Médica del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz que concluyeron que el procesado está “clínicamente compensado, sin evidencia de sangrados activos, ni patologías físicas agudas en evolución” y que al momento “no surgen evidencias” en cuanto a que requiera una “internación de urgencia en un centro hospitalario”.
Días atrás, el fiscal Pollicita solicitó enviar a juicio oral al exsecretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y a otros diez procesados por asociación ilícita y coacción. Además, apeló el beneficio de prisión domiciliaria de Suárez por considerar “fehacientemente acreditado” -en conclusiones forenses- que el gremialista no es un “paciente terminal ni portador de una enfermedad incurable”, que “no reúne criterios de internación “siquiera en un hospital penitenciario-, y que sus dolencias pueden ser debidamente asistidas dentro del sistema penitenciario.
En octubre, Canicoba Corral amplió el procesamiento con prisión preventiva de Suárez y elevó su embargo a 17 millones de pesos en la causa donde ya estaba procesado por supuesta extorsión a empresarios marítimos, al sumar nuevas acusaciones vinculadas con la administración fraudulenta en la obra social y la mutual de SOMU.
En concreto, se lo procesó por el desvío “injustificado” de fondos de la obra social hacia la “Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino Fluvial y Lacustre”, de la cual también era presidente.
El desvío por la suma de 3.000.000 de pesos fue hecho “en forma irregular y sin justificación alguna desde los fondos de la OSPM hacia a la Fundación Azul, dinero que nunca fue devuelto”.
Se entregó otro prófugo de UOCRA
El exsecretario de Finanzas de la UOCRA bahiense Guillermo Molina, uno de los dos exdirigentes de ese gremio que continuaba prófugo de la Justicia en el marco de la causa en la que están detenidos el exlíder del gremio Humberto Monteros y otras once personas por asociación ilícita y extorsión, se entregó por la mañana, quedó detenido y se negó a declarar. En tanto, el exdirigente Sebastián Canale que el sábado último fue detenido en Neuquén por Gendarmería Nacional, en un paso fronterizo hacia Chile, será trasladado en las próximas horas a Bahía Blanca para ser sometido a indagatoria en el marco del mismo expediente.
Con la detención de ambos integrantes de la excúpula sindical del gremio de la construcción bahiense ayer sumaban trece los detenidos, mientras que otro de los dirigentes permanecía prófugo. Se trata de Roberto Ríos, otro gremialista de la filial bahiense de la UOCRA, intervenida en octubre pasado por la UOCRA nacional, que conduce Gerardo Martínez.
Molina exprecandidato a concejal por Unidad Ciudadana en las PASO, se encontraba prófugo desde el jueves.