Buenos Aires.- La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó hoy la nulidad de ‘los dictámenes de los fiscales‘ y de su citación a indagatoria en el marco de la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de la obra pública durante su gestión en favor del empresario detenido Lázaro Báez.
El planteo fue presentado esta mañana por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, ante el juez federal Julián Ercolini quien la citó a indagatoria para el 20 de octubre por pedido de los fiscales que tienen delegada la investigación, Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.
En el escrito al que tuvo acceso Télam, la ex jefa de Estado planteó que que la investigación está ‘direccionada‘ a una sola provincia y un único proveedor del Estado, en lugar de investigar ‘de manera completa, integral y centralizada toda la obra pública‘ comprendida entre 2003 y 2015.
La ex mandataria reclamó también la ‘readecuación del objeto procesal de esta causa, para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares‘.
En el escrito de 65 páginas, la defensa de Fernández de Kirchner remarcó que un análisis general de la obra pública podría determinarse que la empresa Austral Construcciones, de Báez, no fue la que más obras públicas efectuó sino que está por debajo de otras 37 empresas.
‘En el ranking de la obra pública efectuada con recursos nacionales, que asciende a la suma de U$S 107.825 millones, este grupo empresario se encuentra en el número 38; a lo que puede agregarse‘, sostuvo y remarcó que la firma ‘IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente‘ se encuentra tercera en el ranking.
La ex jefa de Estado acusó a los fiscales Pollicita y Mahiques de ‘direccionar‘ la investigación y sostuvo que sus dictámentes ‘ponen al descubierto ‘a matriz de corrupción’ que hoy se ha instalado en un sector de nuestro Poder Judicial (Partido Judicial) y que pretende transformarlo en un simple instrumento de persecución política que sigue de manera obediente la agenda que se le marca desde el Poder Ejecutivo Nacional y los medios concentrados de prensa‘.
En otro tramo de su presentación, la ex mandataria sostuvo que en relación al argumento fiscal ‘de que hubo un direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios en favor del ‘empresario amigo°, la falta de motivación del dictamen resulta desconcertante‘.
‘No se señala cuáles habrían sido los quebrantamientos de ‘las buenas prácticas de la administración pública’. También se pasa por alto que todas las adjudicaciones fueron llevadas a cabo a través de licitaciones públicas en el ámbito provincial.
Igualmente, se olvida que los llamados a licitación, adjudicación, fiscalización, control de ejecución y emisión de los certificados de obra resultaron ser de responsabilidad exclusiva del órgano de administración provincial de vialidad‘, enfatizó.
Fuente: Telam