La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, deberá decidir si confirma o revoca los procesamientos con prisión preventiva dictados por el juez federal Claudio Bonadio contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el excanciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
Es que las defensas de Fernández de Kirchner y de Timerman apelaron ayer ante ese tribunal lo resuelto por Bonadio, quien fue ratificado al frente de la causa a fin del año pasado por la Cámara Federal porteña.
Ahora, los jueces de Casación deberán resolver si habilitan la feria judicial de enero para dar tratamiento a las apelaciones.
Graciana Peñafort, abogada de Fernández y de Timerman, confirmó ayer que presentaron un recurso ante
la Cámara de Casación tanto por el procesamiento como por la prisión preventiva ratificada en diciembre
por la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires para sus defendidos.
La detención, en el caso de la exmandataria, no se hizo efectiva porque cuenta con fueros por ser senadora.
“Queremos que tanto Héctor Timerman como Cristina Fernández de Kirchner dejen de estar sujetos a una prisión preventiva”, explicó Peñafort.
La resolución de la Cámara Federal acusaba a la exjefa del Estado y a su ministro de “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado” y desestimó la acusación por “traición a la patria” que había incluido el juez a cargo de la investigación, Claudio Bonadio.
El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman vertió en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales y apuntan a que el procurador fue asesinado.
Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.
Peñafort asegura que existe un “claro hostigamiento político” en esta causa contra Fernández, por lo que esperan que con este recurso “finalice la conducta arbitraria del doctor Bonadio” y “se tomen las pruebas que no se han tomado”.
Entre ellas, hizo referencia a la declaración del exsecretario general de Interpol, Ronald Noble, quien pidió a la Justicia argentina declarar como testigo en la causa y cuya petición “no ha sido atendida ni por el juez ni por la cámara de apelaciones”.
En el caso del excanciller, en prisión domiciliaria, la letrada presentó además un recurso de excarcelación, pues asegura que su situación es mucho más angustiosa, ya que padece una enfermedad muy avanzada y, a su juicio, esta decisión supone “un verdadero adelantamiento de la pena para alguien que no ha sido condenado y que, médicamente, no se puede asegurar que vaya a llegar a la fecha de una sentencia”.
La abogada defensora considera “muy difícil” que una causa “con tanta arbitrariedad” como esta llegue a juicio oral como especula la prensa nacional.
D”Elía sigue preso
En paralelo, en esta misma causa, el juez federal Sergio Torres -en reemplazo del juez Claudio Bonadio- rechazó ayer un nuevo pedido de excarcelación de otro de los detenidos, el dirigente social Luis D”Elía. En tanto, Carlos Zannini pidió ayer su excarcelación ante la Cámara Federal porteña.