En una nueva “oportunidad” a los gobernadores, como se encarga de remarcarlo el presidente Javier Milei, el Gobierno busca conquistar los votos necesarios para la sanción de la nueva versión de la ley ómnibus y el respaldo legislativo necesario para aprobar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Tras el fin de semana XXL, los funcionarios de la administración retomarán las negociaciones con los mandatarios provinciales tras las nuevas críticas libertarias en su contra y con la tensión a flor de piel a raíz del recorte de transferencias directas y fondos automáticos.
Sin fecha exacta y con la intención de cosechar el apoyo necesario para pasar las principales reformas para finales de abril, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán el jueves a los gobernadores de Juntos por el Cambio.
La idea de la gestión es concretar acercamientos con todos los bloques legislativos y gobernadores para avanzar en los puntos controversiales: jubilaciones e Impuesto a las Ganancias, que demoran los acuerdos.
En los últimos días, gobernadores de todos los colores políticos expresaron su preocupación sobre la realidad de sus provincias y encendieron las alarmas en el Gobierno sobre el panorama a acordar.
El más concreto fue el santacruceño Claudio Vidal, quien advirtió que ve “descontento” por parte de los gobernadores, y a título personal anticipó que “si no hay recursos para mi provincia en materia de educación y salud, nuestros legisladores no van a acompañar la Ley Bases ni tampoco habrá Pacto de Mayo”.
El tucumano Osvaldo Jaldo también alertó que, a pesar de su buena predisposición, observa el impacto negativo de las arcas financieras provinciales. “A este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación”, advirtió.
Lo propio planteó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien anticipó que acompañará las medidas, pero lanzó una advertencia al sostener que “los vecinos se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar el ajuste”.
El salteño Gustavo Sáenz denunció además que los jubilados “siempre fueron la variable de ajuste” de todos los gobiernos “porque no producen, los que piensan en una planilla de Excel los agarran a ellos”.
Otro de los que se plegó a cuestionar las recetas del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el radical Maximiliano Pullaro tras plantear que el ajuste es “muy fuerte” y que “lo están pagando los sectores populares”.
Por los pasillos de Casa Rosada revelaron que la oposición “siempre intenta correrte el arco”, y prometieron consecuencias si “voltean” la mega ley o el DNU. “Quisiera ver qué pasa”, ironizaron.