Un nuevo proyecto de ley que enfatiza en la obligatoriedad de aplicarse las vacunas del calendario oficial tanto en niños como en adultos y que basa su argumento en “prevalecer la salud pública por sobre el interés particular” buscará ser discutido en el Congreso. Su principal objetivo es regular la implementación de una política pública de control de las enfermedades prevenibles por inmunizaciones y alcanzar coberturas ideales del 95%.
El texto, impulsado por el diputado Pablo Yedlin (Justicialistas por Tucumán) busca reemplazar a la ley 22.909, que establece un régimen general de vacunación y que, aunque con modificaciones, data de 1983.
En el nuevo proyecto se declara a la vacunación “como de interés nacional”, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición, distribución, provisión de vacunas, como así también su producción y las medidas tendientes a fomentar la inmunización en la población y fortalecer la vigilancia de la seguridad de las vacunas.
“En la ley vigente ya estaba contemplada la obligatoriedad, pero antes la vacunación era vista como un tema de los chicos. Por eso, solo se exigía el certificado que verificara haberlas recibido al momento de ingreso al ciclo lectivo. Ahora, se agrega la exigencia del cumplimiento con el Calendario Nacional de Vacunación al momento de realizar exámenes médicos laborales o para la renovación del DNI o pasaporte”, indicó Yedlin, quien además de ser diputado es médico y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN).
La nueva norma “entiende a la vacunación como un bien social”, por lo que está sujeta a distintos principios como la gratuidad de las vacunas, su disponibilidad y acceso equitativo. Con lograr coberturas altas “también se protege a los que no se pueden vacunar por problemas de salud que se lo impidan o cuestiones logísticas, ya que se produce el llamado ‘efecto rebaño’ en el que los que no fueron inoculados no están expuestos”.
Por otra parte, incorpora la figura del Carnet Unificado de Vacunación (CUV), que deberá ser provisto por la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Salud de la Nación. Al respecto, la doctora Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), quien trabajó junto a Yedlin en este proyecto aclaró que lo que se busca es “reunir la información del sector público y el privado, para obtener un carnet único y digitalizado”. En un futuro, se aspira a que con la información de los NOMIVAC (Registro Federal de Vacunación Nominalizado), se pueda acceder a todos los datos del carnet con el DNI o el número de CUIT en caso de perderlo.
Antes de que el proyecto de ley sea discutido en Diputados y Senadores, primero debe obtener dictámenes tras ser discutidas por las comisiones de Acción Social y Salud Pública (prevista para el próximo martes), de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Por lo pronto, el texto ya tuvo el aval de las principales sociedades científicas.
Fuente: Ámbito