El Gobierno puso en marcha ayer la ronda de diálogo para abrir la puerta al aporte de empresas a las campañas electorales, al organizar un seminario sobre financiamiento organizado por el Ministerio del Interior y en el que se anunció formalmente el envío de un proyecto de ley en ese sentido antes de fin de año.
En diálogo con Télam, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio dejó entrever que no está cerrado que la Casa Rosada impulse oficialmente que en esta reforma las empresas pasen a estar habilitadas para realizar aportes de campaña, aunque al contestar la pregunta, respondió: ‘No nos negamos a esa posibilidad, pero lo importante es que (todo financiamiento) sea transparente y que los aportes no tengan origen ilícito‘. Además, dijo que la idea es que la nueva ley ‘esté vigente para las próximas elecciones‘ de medio término en 2017 y que ‘cuando se alcance el consenso, como pasó con la reforma de la Boleta Electrónica, se enviará el proyecto al Congreso‘.
Al exponer ante el auditorio, sostuvo que hay una ‘clara demanda social de que se transparenten los procesos en los que la política está involucrada, que son dos vectores, la obra pública y el financiamiento de campaña‘.
A pesar de que el ministro puso en duda la posibilidad de que ya esté definido que el nuevo proyecto habilite el aporte de empresas, altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron el miércoles a Télam que el borrador ya está en proceso de redacción, a cargo de la diputada Silvia Lospennato, muy cercana al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y que incluso, esa confección cuenta con la participación de miembros de la Coalición Cívica y el massismo.
Según adelantaron fuentes del oficialismo, el proyecto será ‘sencillo, sólo se buscará que las empresas, con un techo que aún no está fijado, puedan hacer aportes a las campañas electorales‘, lo que amplía la capacidad del aporte privado -hasta ahora sólo lo podían hacer personas físicas-. Sin embargo, las empresas sí estaban legalmente habilitadas a realizar aportes al desarrollo institucional de los partidos políticos que además son deducibles de Ganancias -según una ley sancionada en el gobierno de Fernando de la Rúa-, por lo que el oficialismo dice buscar con esto ‘blanquear aportes que igual se daban‘ para financiar campañas nacionales que cuestan alrededor de 900 millones de pesos.
En el proyecto, los operadores de la Rosada pidieron que esté incluida la inhibición a ‘empresas del juego, concesionarios y contratistas del Estado‘ a hacer aportes, que se mantengan las sanciones a quienes incumplan la ley y que esté también regulada la propaganda política por cartelería en la vía pública (o hasta prohibirla). También se procurará que todos los aportes de personas sean vía depósito bancario, informando el CUIT y luego puesto a conocimiento del público a través de internet.
En la Rosada creen que el financiamiento de los partidos minoritarios -que seguramente no recibirán buena parte de los aportes empresariales- tienen garantizada la publicidad de sus propuestas a través de la propaganda oficial por radio y TV dispuesta en la ley de las PASO y que ‘se ahorrarán millones de pesos‘ que antes debían gastar en boletas de papel una vez aprobada la boleta electrónica.