El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, cuestionó la propuesta de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de eliminar los planes sociales en un plazo de “seis meses”, en caso de que ella y su espacio sean elegidos en las elecciones presidenciales de 2023.
“La presidenta del PRO quiere sacar los planes en 6 meses. Como si no hubieran gobernado y además no los hubiesen duplicado”, espetó “Juanchi” Zabaleta, el funcionario a cargo del área que define los programas sociales y subsidios para la población más vulnerable del país. El comentario recuerda que la gestión de Mauricio Macri incrementó este tipo de ayuda social, cuando estaba en manos de la ex ministra de la cartera, Carolina Stanley.
“Hablar de “sacar o poner” planes es querer que los pobres siempre sean pobres. Buscamos transformar planes en empleo y no RT’s que alimenten las grietas”, expuso en su cuenta personal de Twitter.
Acompañada por el ex presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich presentó ayer sus equipos técnicos y de gobierno en un acto oficial en el Yacht Club de Olivos, en el que anunció propuestas para gobernar el país. El evento tuvo lugar en medio de la interna de Juntos por el Cambio y de las declaraciones cruzadas entre el ex mandatario y el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.
En ese ámbito partidario, la presidenta del PRO planteó la eliminación de este tipo de ayuda social: “Me dicen que es imposible sacar los planes en seis meses. Yo digo más imposible es no sacarlos porque se van a quedar para siempre. Si no lo hacemos con convicción, nos comen el cambio. Los pacman que existen para comer el cambio están instalados en todos lados”, afirmó durante la actividad.
No es la primera vez que Patricia Bullrich se pronuncia en esos términos contra los programas sociales. En abril pasado, la dirigente de Juntos por el Cambio había planteado que los planes sociales “ya no dan ningún resultado y hay que sacarlos”. “La verdadera política social es el empleo”, definió en una entrevista radial.
Los programas a cargo de la cartera de Desarrollo Social son una fuente de controversia tanto en el oficialismo como en la oposición. Desde el año pasado, el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apoyaron la decisión de no aumentar la cantidad de beneficiarios de una de las políticas más importantes del área, el programa Potenciar Trabajo, que establece el pago de la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil para aquellas personas que se desempeñan en lo que se conoce como la “economía popular”.
Desde el Frente de Todos, la propuesta es progresivamente disminuir el conjunto de beneficiarios, a partir de la transformación del programa en “trabajo genuino”, a partir de acuerdos con empresas del sector privado. Con este formato, el Estado pagará una parte del salario y el empleador se hace cargo de la porción restante por un plazo de tiempo determinado. Sin embargo, esa transferencia de beneficiarios tuvo una baja aceptación entre las empresas, y el universo de beneficiarios se mantuvo por encima de más de un millón y doscientas mil personas.
Otras sectores del oficialismo, como el Frente Patria Grande de Juan Grabois y referentes alineados con el kirchnerismo proponen, en vez de programas sociales, el pago de un salario universal en concepto de un ingreso de subsistencia, que permita cubrir la canasta alimentaria y evite la propagación de la indigencia.
Pese a que las críticas son transversales a los dos espacios políticos, se multiplicaron en este último tiempo las protestas sociales en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para que se amplie el universo de beneficiarios. El Bloque Piquetero, que está integrado por agrupaciones de izquierda y está encabezado por el Polo Obrero, desde hace meses realiza acampes y movilizaciones para exigirle al Gobierno una ampliación de este tipo de asignaciones y fuentes de empleo.