La Cámara Federal porteña confirmó ayer la mayoría de los procesamientos dictados por la justicia de primera instancia en la causa que investiga una maniobra de salvataje financiero de la firma Ciccone Calcográfica, en la que está involucrado el vicepresidente Amado Boudou.

Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah (en disidencia parcial) dejaron firme lo resuelto por el juez Federal Ariel Lijo y rechazaron los pedidos de nulidad presentados por los abogados de la defensa de los procesados.

En rigor, la Cámara (tribunal de alzada) confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Boudou (la causa data de cuando era ministro de Economía), de su socio y amigo José María Núñez Carmona, de Alejandro Vandenbroele (presunto testaferro), de Rafael Resnick Brenner (de la AFIP); de Nicolás Ciccone, dueño de la firma; y de Guido Forcieri (del Ministerio de Economía). El procesamiento de Boudou es por el delito de cohecho pasivo (recibir como coima un porcentaje de la empresa) en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública. Esta instancia deja libre el camino para que el juez federal Ariel Lijo eleve el caso, al menos parcialmente, a juicio oral este año, interpretaron medios porteños.

La Cámara Federal -tribunal ante el que Boudou había apelado los cargos imputados en junio por Lijo- confirmó los procesamientos de los imputados en el caso, en que se investiga la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda ex Ciccone, cuando Boudou estaba a cargo del Ministerio de Economía (2009-2011).
Según el auto de procesamiento firmado por Lijo, el vicepresidente y su socio, José María Núñez Carmona, habrían adquirido la quebrada empresa Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras Boudou era ministro.
La operación se habría realizado a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes. Según Lijo, Boudou, ‘aprovechando su condición de funcionario público‘, y Núñez Carmona habrían acordado con los dueños de Ciccone la cesión del 70% de la empresa ‘a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración pública‘.

En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone a petición del Fisco argentino por deudas impositivas. La Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y la empresa quedó en manos de The Old Fund, cuyo responsable era Alejandro Vandenbroele.

Tras confirmar el procesamiento de Boudou, la Cámara Federal porteña señaló que estaba demostrada ‘claramente‘ la relación de amistad entre el vice y José María Núñez Carmona y, ‘de allí, a (Alejandro) Vandenbroele‘, titular de The Old Fund, la empresa que se quedó con la imprenta.

En tanto, el tribunal revocó el procesamiento de Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone. La Cámara ordenó además que se investigue el rol de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el levantamiento de la quiebra de la empresa y al banco Macro por los presuntos vínculos financieros con la compañía.
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En su resolución, la Cámara ratificó la investigación de Lijo, quien dijo que Boudou, mediante Núñez Carmona, negoció con la familia Ciccone el levantamiento de la quiebra de la empresa para luego garantizarle negocios desde el Estado que se concretaron, entre ellos la contratación con la Casa de Moneda. Ciccone le cedió 70% de las acciones a The Old Fund y luego la AFIP le acordó un plan de facilidades de pago que hasta ese momento le negaba a Ciccone. En un voto en minoría, el juez Eduardo Farah entendió que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debe ser citado a indagatoria y que Boudou y el resto de los procesados deben ser enviados a juicio.